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Si votar cuesta, no hacerlo cuesta aún más. Desde que iniciaron las campañas, distintas voces alertaron que el abstencionismo será el gran ganador en la jornada electoral de este 7 de junio. De seguir la misma tendencia que en las elecciones intermedias de 2003 y 2009, hoy saldrán a votar menos de 40 millones de mexicanos.
La falta de asistencia a las urnas hará que el gasto por sufragio se eleve a más del doble al pasar de 103 a 249 pesos, según cálculos de PERIODISMO DE DATOS de EL UNIVERSAL.
Días atrás, este medio dio a conocer que el actual proceso electoral significará al erario un gasto de 8 mil 584 millones de pesos, considerando el monto asignado al Instituto Nacional Electoral (INE) para la organización de la elección, los gastos de campaña autorizados a los partidos políticos y el presupuesto aprobado a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En un escenario ideal, si los 83.6 millones de electores en la lista nominal acudieran hoy a las urnas, el costo promedio del voto sería de 103 pesos. Pero este escenario es utópico.
Diversos factores como los hechos de violencia suscitados en días previos, las amenazas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en estados como Michoacán y Guerrero o el partido de futbol entre las selecciones de México y Brasil han sido motivo de debate entre los actores políticos por su probable efecto en la participación electoral.
Pese a que entre los objetivos más importantes de la Reforma Electoral de 2012 estaba reducir el costo de las elecciones, el ahorro no se ha reflejado. Tan sólo en este año, los diez partidos políticos recibieron 5 mil 200 millones de pesos en prerrogativas, de los cuales mil 173 millones fueron utilizados exclusivamente para las campañas.
La democracia tiene un alto costo en el país. “México es demasiado generoso, no hay comparación a nivel Latinoamérica, donde los partidos políticos reciban un subsidio tan alto”, refiere Javier Aparicio, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
En otros países, como Estados Unidos, las fuerzas políticas tienen que recaudar sus propios recursos. Para el investigador del CIDE, un partido político establecido debería ser capaz de sobrevivir con las aportaciones de sus militantes y abandonar el subsidio gubernamental.
No sólo se trata de las fuerzas políticas, la burocracia electoral también sale cara. En un sistema donde prevalece la desconfianza del ciudadano sobre el proceso y los resultados de los comicios, se invierte una fuerte cantidad de recursos en blindar a las autoridades electorales.
Cuesta más no votar
Aunado a esto, el abstencionismo presente en todos los procesos electorales —más cuando se trata de una elección intermedia— provoca que los costos incrementen, sin embargo, en cada elección la participación ciudadana es menor. En 1991, 66% de los mexicanos inscritos en la lista nominal acudieron a las urnas para elegir diputados federales; en 1997, sólo asistió 57%.
Seis años después, el porcentaje de participación cayó hasta 41% para crecer sólo un poco en la elección de 2009 (45%), cuando 35 millones de mexicanos eligieron a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión.
Con base en el porcentaje de participación de las últimas cuatro elecciones intermedias, la Unidad de Datos de EL UNIVERSAL calculó cuál sería el valor promedio de cada sufragio emitido el día de hoy bajo tres escenarios distintos.
En un escenario optimista, que considera una participación de 66% —la mayor de las últimas cuatro elecciones intermedias— el costo del voto se elevaría a 157 pesos, respecto a los 103 calculados si todos votaran.
Esto significa que el costo al erario por cada ciudadano que no ejerce su derecho al sufragio sería de 54 pesos.
En un segundo escenario se consideró una participación ciudadana de 52%, equivalente al promedio de los cuatro procesos electorales considerados en el ejercicio. Bajo este supuesto, 43.5 millones de mexicanos acudirían hoy a votar, incrementando el costo de cada sufragio a 197 pesos. En consecuencia, el costo por cada voto no ejercido sería de 94 pesos.
En el escenario pesimista —aunque probablemente el más realista si el fantasma del abstencionismo se impone hoy— se tomó en cuenta una participación de 41%, la más baja en elecciones intermedias desde 1991.
En este caso, el costo promedio del voto se dispararía a 249 pesos, es decir, significaría un 143% más caro que si todos los ciudadanos inscritos en el padrón electoral acudieran a las urnas a ejercer su voto. Por ende, los mexicanos tendrían que pagar 147 pesos por cada sufragio no emitido.
Reducir el gasto
El profesor del CIDE, Javier Aparicio, señala que México no tiene una democracia más eficiente que otros países de América Latina, pero paradójicamente es el que destina mayores recursos en intentar mantenerla.
Las elecciones mexicanas tienen elementos que deberían ser más simples, pero la desconfianza que permea entre ciudadanos e instituciones lo convierten en algo muy complejo.
Sólo para la credencial de elector se implementaron hace un año 25 medidas de seguridad para evitar su falsificación, éstas son similares a las que se somete un pasaporte.
Existen otras incongruencias en el proceso electoral. Mientras que en cada elección intermedia el porcentaje de participación disminuye, el número de casillas crece. Hoy se colocará la cantidad de casillas “más grande que se haya conocido” —en palabras del presidente del INE, Lorenzo Córdova—, pero a la vez se prevé que menos de la mitad de los electores vote.
Hace seis años se instalaron 140 mil 239 casillas, mientras que ahora serán 148 mil 910. Esto tiene como consecuencia mayores requerimientos materiales y humanos en capacitación electoral, impresión de documentación y producción de materiales electorales.
El costo de estos conceptos podría reducirse mediante la instalación de urnas electrónicas o bien, empleando a los mismos ciudadanos que ya fueron capacitados en elecciones anteriores, explica Aparicio.
Para esta elección, el INE erogó 36 millones 708 mil 740 pesos en una “estrategia de educación cívica para promoción de la participación ciudadana” y 67 millones 726 mil 337 pesos en una “campaña de difusión para incentivar la participación ciudadana”. En total, más de 104 millones que hoy se conocerá si cumplieron su propósito o de plano no sirvieron para nada.
