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Recientemente el líder nacional del partido Morena, Andrés Manuel López Obrador, soltó una ¿propuesta? ante los medios de comunicación, la cual, en el mejor de los casos, despertó la creativa picardía de sus detractores. Nada raro. Pero lo interesante esta vez fue la posibilidad de hallar una impronta racional dentro de la idea planteada, con independencia de que ésta haya sido producto de un análisis detenido o de una ocurrencia momentánea del político tabasqueño.
La idea del señor López respecto de otorgar amnistía a narcotraficantes aparece en un contexto de suspicacia frente a la política criminal fomentada por el gobierno, ello derivado de la reciente aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley de Seguridad Interior. Precisamente por las implicaciones de la Ley, la cual busca regularizar la presencia del Ejército y la Armada en las calles, vale la pena analizar si México está adoptando el enfoque adecuado cara el asunto de las drogas, cuyo combate frontal ha disparado los niveles de violencia.
¿Es necesario reforzar la capacidad punitiva del Estado para perseguir y castigar el narcotráfico? O ¿es tiempo de adoptar una segunda vía que enfoque el asunto como lo que es: un tema de salud y de libertad individual? Y en este caso, ¿la legalización de las drogas implicaría como condición necesaria la amnistía a los narcotraficantes?
Hasta ahora, el saldo que arroja el combate al narcotráfico deja pocas dudas sobre su fracaso. En términos de paz social, vidas humanas, así como de recursos económicos implicados, el precio ha sido muy alto. El INEGI presenta que en el intervalo de 2007 y 2015 se registraron 185 mil homicidios en México. Por su parte, el Índice de Paz 2017 del Institute for Economics and Peace señala que el impacto económico total de la violencia en 2016 fue de 3.07 billones de pesos, lo cual equivale a una cifra anual de 18% del PIB; asimismo, entre 2003 y 2016, el gasto del gobierno federal para contener la violencia aumentó 120%.
Es cierto que no todos los homicidios derivan del combate al narcotráfico. Pero también es veraz la correlación entre el aumento excesivo de homicidios y la puesta en marcha de la guerra contra el narco si consideramos que México venía de un período de disminución de este delito, que comenzó en 1995 y se mantuvo hasta 2006, fecha tras la cual se disparó a niveles inusitados.
La disyuntiva plantea entonces demarcarnos en favor de una de dos alternativas: la vía elegida hasta este momento, la cual supone ampliar las facultades del Estado mediante un mayor gasto en seguridad y más atribuciones para que invada la esfera de los derechos individuales, o la segunda vía, a través de la cual el Estado da un paso atrás en su obsesión por proteger al ciudadano de sí mismo y enfoca sus esfuerzos en programas de prevención de adicciones.
Quienes experimentan exabruptos al pensar siquiera que drogas como la marihuana o la cocaína sean legales, deberían revisar los estudios que demuestran que el tabaco, el alcohol y los opiáceos –legales los tres- causaron más muertes en el mundo que cualquier otra droga; que en términos de adicción, el grado de dependencia medio que genera el tabaco es muy similar al de la cocaína y superior al de la marihuana. En este tenor, un estudio publicado por la revista The Lancet sostiene que el perjuicio causado por el alcohol, a quien lo consume y a quienes lo rodean, es mayor que el que generan la heroína y el crack.
Basados en este criterio utilitarista, los productores de tabaco y alcohol deberían ser tanto o más perseguidos que los narcotraficantes. Sin embargo, no debemos perder el enfoque. El tema de fondo es la libertad individual, la posibilidad de que cada persona emplee su criterio –el mismo que utiliza para llevar políticos al poder- para elegir planes de vida independientes, aun cuando ello implique consumir sustancias nocivas para su salud.
No obstante, el esquema actual es asimétrico e injusto. Reconoce a ciertos grupos de personas la libertad de producir, comerciar y consumir drogas, siempre que estos sean el tabaco y el alcohol, mientras criminaliza a quienes producen, comercian y consumen marihuana o cocaína.
Frente a ello, la alternativa de conceder amnistía a los narcotraficantes puede ser evaluada únicamente en un contexto de despenalización y eventual legalización de las drogas. No se trataría de conceder una gracia estatal al narco a cambio de que renuncie al tráfico de estupefacientes, sino de reformar las disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal para dejar de considerar como delito la producción y comercio de ciertas drogas actualmente prohibidas.
En los hechos, el tema es mucho más complejo que esto. Tratados internacionales, implicaciones bilaterales con Estados Unidos, principio de no retroactividad señalado en la Constitución, son algunos escollos que deberían sortearse, a los cuales se suma el hecho de que muchos narcotraficantes no son perseguidos únicamente por comerciar con drogas, sino por delitos de homicidio –fomentados, en buena medida, por la política estatal vigente-, secuestro y extorsión. En este caso, independientemente de que sean exonerados por delitos contra la salud, deberían responder por otros crímenes.
Con todo, caben aún dos consideraciones. El proceso de amnistía ya se practicó antes: la Ley de Amnistía de 1978 que benefició a la guerrilla. Resulta absurdo que algunos opinólogos señalen que la amnistía a guerrilleros y narcos no es equiparable por el hecho de que aquéllos tenían una bandera política, como si secuestrar y eliminar personas en nombre del comunismo tuviera más mérito que hacerlo en favor de un interés comercial. Ambos son crímenes igualmente condenables.
Asimismo, la vía de legalización de drogas dejaría en una situación complicada el estatus jurídico de los narcotraficantes. Como las leyes no tienen carácter retroactivo, deberían continuar siendo perseguidos por el Estado. En ese caso, la legalización difícilmente solucionaría el problema de la violencia relacionada con las drogas. Pero, atención, tampoco permitiría un proceso de competencia, pues lo cárteles, que seguirían siendo ilegales, ejercerían las mismas prácticas violentas de ahora para controlar el mercado. ¿Qué productor se atrevería a confrontar su poder persuasivo de plata y plomo? Seguramente muy pocos y con escaso éxito, a menos que emplearan los mismos métodos.
Sin duda el tema presenta diversas aristas. Por lo expuesto hasta ahora, no obstante, parece que aun legalizando las drogas sería necesario un proceso de desarticulación de los cárteles que no implique la vía coactiva. Sucede que nuestro Estado corrupto ya negocia con delincuentes; por desgracia, lo hace para proteger a unos y perseguir a otros, al tiempo que les permite a muchos políticos enriquecerse durante el proceso.
La idea del señor López es irresponsable por cómo está planteada, pues carece –como prácticamente todas las cosas que dice- de un explicación seria que la sustente. Dicha así, es ocurrente. Pero tan irresponsables como él son sus detractores, más preocupados en ridiculizarlo que en ofrecer una alternativa real a un problema que no admite continuar siendo procrastinado.
Lo verdaderamente demencial, en última instancia, es continuar como estamos, amedrentados por la delincuencia y por un Estado corrupto que la protege. Lo demencial, en fin, es no reconocer que el combate a las drogas ha sido un rotundo fracaso, y continuarlo sería de una supina estupidez.
OFFSIDE:
¿Cómo puede sacarle México un punto a Alemania? Pienso que no se le debe competir jugando con líneas adelantadas. En primer lugar, México necesita encontrar un buen 5, que no tiene. En segundo, sabiéndose víctima, requiere acumular gente en medio y al fondo para hacer difícil la circulación del balón en su propia zona. ¿Cómo sería? Creo que un 4-4-2 con doble 5. ¿Usted qué opina?
