Las reformas legislativas que se están llevando a cabo en el Congreso para dar viabilidad al Nuevo Proyecto de Nación, dan cuenta de la necesaria coordinación que debe existir entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo para asegurar la paz social y el desarrollo. Reformas que forman parte de la propuesta por la que mayoritariamente la ciudadanía optó el pasado 1 de julio, y las cuales han sido injustamente criticadas por un sector de la opinión pública.
Todos tenemos derecho a disentir, sin embargo, desde los espacios públicos de comunicación, también estamos obligados a privilegiar por encima de cualquier interés, los valores de la verdad y la memoria como principios éticos, así como el derecho humano a la información.
La Ley de remuneraciones de los servidores públicos, refrenda el compromiso de austeridad y contra los privilegios que otrora fue una práctica que propició la corrupción y el dispendio.
Las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública son la base para comenzar el nuevo diseño del régimen y reconfigurar las instituciones, porque es claro que las cosas no funcionaron y no funcionan como hoy están.
La disfunción del actual gobierno y las fallas del Estado se encuentran consignadas en cada encuesta, estadística y estudio. Lamentablemente, también se encuentran evidenciadas en cada pobre, fosa clandestina y en cada feminicidio.
La nueva estructura institucional que hoy se plantea está investida de un nuevo enfoque garantista tanto en la ejecución de las políticas públicas como en el ejercicio de los recursos con el fin último de erradicar pobreza y desigualdad.
Las normas aprobadas llevan implícito el reconocimiento de que, por mucho tiempo en México, se delegó la información no a los medios, sino a las grandes empresas, olvidando que democratizar la comunicación es devolverla a la ciudadanía como una cuestión de justicia social.
Las reformas constitucionales planteadas para dar vida a la Guardia Nacional como encargada de la Seguridad Pública Federal no significan militarizar a la democracia, sino ciudadanizar a la milicia. No significan continuar la guerra contra el narcotráfico, sino darle un remanso al país.
Las reformas propuestas a la Constitución señalan expresamente que las faltas y delitos cometidos por integrantes de la Guardia Nacional en el ejercicio de sus funciones serán conocidos por la autoridad civil correspondiente; que bajo ninguna circunstancia un detenido podrá ser trasladado ni resguardado en instalaciones militares; que se pondrá al indiciado a disposición del Ministerio Público con la misma prontitud establecida por la Ley Fundamental; y que actuará con pleno respeto a los derechos humanos.
Es evidente que ninguna de las reformas favorece a las élites económicas a costa de los más vulnerables; es claro que fueron pensadas para dejar fuera las conductas indeseables y abusivas que por décadas a través de normas intrusas vulneraron a la democracia.
El Proyecto de Nación propuesto por Andrés Manuel López Obrador impulsa una nueva cultura política de honestidad, servicio y probidad; un marco legal con reglas y procedimientos trasparentes para garantizar la ejecución de políticas públicas de largo alcance en beneficio del pueblo; y un andamiaje institucional que asegura el cabal funcionamiento de la vida pública bajo principios de austeridad y eficiencia.
Sexenio tras sexenio y legislatura tras legislatura escuchamos el mismo discurso e iguales promesas, fuimos testigos de muchos errores, de grandes estafas y de los peores resultados. La auténtica transformación no admite acciones coyunturales, sino estructurales, y no admite maquillajes que escondan la decadencia, por ello propone remedios del mismo tamaño que los males.
Activista social. @LaraPaola1
