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Durante el 2017, la Ciudad de México tuvo solamente 21 días con aire puro; y en lo que va de 2018, solo 83 días han sido limpios. Desde hace más de 25 años la mala calidad de aire se ha convertido en un problema de salud pública y de urgencia política en México. Las contingencias ambientales de inicios de la década de 1990 alertaron a la población y al gobierno sobre la situación alarmante que vivía el país, en particular la capital, debido a la contaminación del aire. Hoy, casi 30 años después, nos damos cuenta que las medidas que se han tomado desde entonces están muy lejos de darle una solución real al problema.
Las causas de la mala calidad de aire son diversas, pero en nuestro país el origen principal es la quema de combustibles fósiles, especialmente por el uso de automóviles. Esto se explica por la enorme motorización que ha experimentado el país en las últimas décadas a causa de la falta de alternativas para moverse en las ciudades, y es que a pesar de que en México hay más personas que se trasladan en transporte público, los gobiernos prefieren invertir en infraestructura para los coches, incluso aunque usualmente viaje en ellos solo una persona. Se calcula que en México, 80% del presupuesto destinado a movilidad se utiliza para el desarrollo de infraestructura para automóviles.
A esta disparidad se suma que México tiene un marco normativo sumamente laxo y desactualizado en materia de salud ambiental. Nuestras Normas Oficiales que regulan los límites máximos de gases contaminantes en el aire exceden los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en los siguientes porcentajes: NOM 020-O3 en 50%, NOM 021-CO en 25%, la 022-SO2 en 1340%, la 023-NO2 en 98% y la 025 pm10 en 140% y pm2.5 en 160%. Todo esto condujo al país a una situación crítica que afecta gravemente a la salud. Cada año, 17 mil mexicanas y mexicanos, especialmente niñas y niños menores de 5 años, mueren por padecimientos vinculados a la mala calidad del aire.
Por ello, desde hace muchos años diversas organizaciones de la sociedad civil han exigido a las autoridades la modificación inmediata de las Normas y la generación de alternativas de movilidad. Esto empujó que el pasado miércoles 29 de septiembre la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicara la Recomendación 32/2018, en la que señala que autoridades encargadas de la calidad del aire, entre ellas la Secretaría de Medioambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Secretaría de Salud —principalmente a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios—, y la Secretaría de Energía, incurrieron en violaciones a los derechos humanos a la salud, a un medio ambiente sano, nivel de vida adecuado y de acceso a la información pública.
La CNDH hizo un llamado a modificar las normas regulatorias sobre los contaminantes criterio y homologarlas con las recomendaciones de la OMS, fortalecer los sistemas de monitoreo de la calidad del aire, así como el diseño de políticas públicas de movilidad que privilegien el uso de transporte público eléctrico y la construcción de infraestructura vial que permita compartir las calles a peatones, transporte no motorizado, transporte público y al automóvil, entre otras. Sin embargo, la Secretaría de Salud, principal encargada de modificar las Normas, no ha declarado si admitirá o no esta recomendación.
La contaminación del aire se ha convertido en un asesino silencioso y ha encontrado complicidad en las autoridades gubernamentales. Si para las autoridades, en concreto la Cofepris y las encargadas de la movilidad en las ciudades, esto no es una situación de emergencia, entonces ¿qué tiene que pasar para que lo sea? Es urgente que las autoridades actúen y que los marcos normativos se modifiquen para asegurar la protección del derecho humano a la salud. Necesitamos que el diseño de las políticas de calidad del aire tengan un enfoque social antes que económico, necesitamos ciudades vivibles con opciones dignas para movernos, necesitamos soluciones y las necesitamos ¡ya!
