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El golpazo de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) fue mucho mayor de lo que el círculo cercano al presidente electo pensaba.
El tipo de cambio spot a la venta pasó de 19.43 el 26 de octubre y a 20.06 el lunes 29, la peor caída desde la victoria de Donald Trump en noviembre de 2016, acompañada por un desplome de 4.20% del Índice Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores.
El tipo de cambio siguió empeorando hasta 20.30 a fin de mes, y desde entonces comenzó a recuperarse hasta 19.79 el 6 de noviembre, mientras que el IPC recuperó lo perdido por el impacto de la noticia, a pesar de que ese día cayó 1.04%.
Si bien el tipo de cambio se depreció ayer a 19.89 ante el temor de que la victoria de los demócratas al ganar la mayoría en la Cámara de Representantes, pudiera poner en riesgo la aprobación del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que se firmará a fin de mes, es poco probable que ello suceda porque en el acuerdo negociado se incluyeron demandas de los sindicatos estadounidenses, aunque el proceso será menos terso que con el Congreso saliente.
Al respecto, el Servicio de Investigación del Congreso (CRS, por sus siglas en inglés) publicó un reporte el 4 de septiembre pasado, donde explica la ruta crítica de aprobación de una Autoridad de Promoción Comercial (TPA), por lo que en el mejor de los casos el T-MEC sería promulgado hasta inicios del segundo semestre de 2019.
En realidad, la incertidumbre podría venir más por factores internos, sin por ello menospreciar los de fuera, como el alza de las tasas de interés, los efectos indirectos en la economía mexicana de una guerra comercial entre EU y China, entre otros, como lo advirtieron las calificadoras de riesgo cuando emitieron sus comunicados, luego del anuncio de la cancelación del NAIM, ya sea para ratificar la perspectiva crediticia de deuda soberana de México o para reducirla en un caso.
Los ojos están puestos en el presupuesto 2019. No se tiene todavía claridad sobre éste, pero hay algunos indicios positivos, como que el próximo gobierno quiera revertir la tendencia al fuerte crecimiento del gasto corriente y a la profunda caída del gasto de inversión.
En esta columna hemos insistido en los falsos ahorros del proceso de consolidación fiscal, donde el gasto de inversión se desplomó desde 2015, comprometiendo el futuro de las empresas productivas del Estado.
La semana pasada se difundieron las 25 prioridades para el próximo año, donde se presentan desde programas sociales estrella, junto con grandes obras de infraestructura, como la construcción del tren Maya con una inversión público-privada de 150 mil millones de pesos (mdp), sin que hasta el momento tengamos conocimiento de estudios de factibilidad financiera ni del impacto ambiental; o el de la refinaría en Dos Bocas, Tabasco, que entraría en funcionamiento en 2021, para la que se invertirían 50 mil mdp.
Es un hecho que la refinería se construirá y para ello el Congreso local modificó la ley para que estos proyectos ya no tengan que licitarse, lo cual es una mala señal.
Dudo mucho que se concluya en ese plazo, pero no veo mal que Petróleos Mexicanos (Pemex) quiera reducir la dependencia de gasolina importada con la modernización de las seis refinerías existentes en el país; sin embargo, el proceso debe ser vigilado rigurosamente para evitar que los costos se disparen.
No hay que desconocer la advertencia que lanzó Moody’s el pasado 18 de octubre de que la decisión de reducir las exportaciones de petróleo crudo podría dañar los ingresos de Pemex, considerando que su deuda ascendía en junio a 104 mil millones de dólares y que 87% está establecida en dólares u otras divisas.
No podemos dejar de evocar el fantasma de los elefantes blancos del echeverrismo, sobre todo si se acaba de aprobar un nuevo aeropuerto en Santa Lucía sin que exista un proyecto al respecto con una consulta pública completamente manipulada (supuesto aval de Navblue a favor de Santa Lucía) y sesgada (desde la pregunta misma hasta el proceso de selección de las casillas), aunque los constructores de Texcoco vayan a ser compensados con la promesa de nuevas obras.
La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que establece que nadie podrá ganar más que el presidente, lo que en principio suena muy bien, puede ocasionar graves dificultades de gobernabilidad, al jubilarse anticipadamente muchos cuadros técnicos capacitados.
La fuga de talentos tampoco es un asunto menor. La ley se hará efectiva en el año fiscal 2019, pero si se fija a partir de un tabulador máximo de 108 mil pesos mensuales brutos del jefe máximo, además de la lluvia de amparos que proliferará, podrían ocasionarse serios problemas en la operación inicial del gobierno entrante. Un buen propósito pudiera terminar mal, si su implementación no es la más adecuada y si los tabuladores no se diseñan con cuidado.
En conclusión, los inversionistas y calificadoras están esperando los Criterios Generales de Política Económica y el Paquete Económico de 2019 para tomar decisiones. Esperemos entonces.
Catedrático de la EST-IPN
Email: pabloail@yahoo.com.mx
