Policía de proximidad y justicia cívica: Una apuesta para la disminución de la inseguridad en León, Guanajuato

En años anteriores, organizaciones como el Consejo Coordinador Empresarial, (COPARMEX) y el Observatorio Ciudadano de León (OCL), realizamos propuestas en favor de mejorar resultados de nuestra policía local. La apuesta se compone de tres rubros:

1.

Un verdadero sistema de organización policial en el manejo de personal, con todo lo que conlleva

2.

Inteligencia policial

3.

Dignificación de los elementos policiales

La propuesta se realizó después de haber tenido en dos periodos de gobierno municipal anteriores, seis secretarios de seguridad (hombres, una mujer y algunos militares y otros civiles), ¿cómo podría ser posible formar un verdadero cuerpo policial de esta manera? Donde se mantenga el respeto y un trabajo en equipo del mismo, lo que sucede quizá en otros lugares del país.

Organismos como los nuestros no deberían existir dado que la responsabilidad de garantizar una sociedad digna, corresponde a los tres niveles de gobierno, sin embargo, los gobernantes reconocen una sociedad organizada que coadyuva, pero también exige.

En razón a lo anterior, en el OCL nos sumamos con el Observatorio Nacional de Seguridad, Justicia y Legalidad, con el fin de aprovechar la sinergia de esta organización, y otras como México S.O.S., la Red de Rendición de Cuentas del CIDE y otras.

Ante esto, el Gobierno del Estado de Guanajuato y la presidencia municipal de León reconocieron la fundación de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, que derivó del interés de ciudadanos y organizaciones para lograr articulación entre los tres niveles de Gobierno.

El gobernador del estado en ese entonces, Miguel Márquez Márquez, y el alcalde Héctor López Santillana, entendieron esta necesidad y se formó un fideicomiso para la seguridad, para así, trabajar en la mejora de los cuerpos policiacos, dando como resultado la Policía de Proximidad y Justicia Cívica, que consiste en lo siguiente:

Una policía cercana a la ciudadanía y a la par el desarrollo de Centros de Atención a Víctimas; la sectorización de la ciudad de manera más funcional para atender, sobre todo, los delitos del orden común, que son los que más lastiman a los ciudadanos, además de intervenir en problemas relacionados entre vecinos, violencia familiar, actividades pandilleriles y otros como robo a casas, comercios, en el transporte público, alrededor de escuelas, en ciclovías y otros lugares. Por supuesto sin descuidar la atención de ser el primer respondiente ante los delitos de alto impacto como lo son los homicidios dolosos.

Actualmente se trabaja en sincronía con el Poder Judicial y los Ministerios Públicos para que los policías también puedan recibir denuncias con el fin de armar de mejor forma las carpetas de investigación y colaborar con la autoridad para registrar los delitos y que no queden impunes como lo marca la cifra negra, el objetivo es impulsar a la ciudadanía a que denuncie en un ambiente donde el proceso sea propicio y, con el apoyo de la inteligencia policial, encontrar los “focos rojos” o “grupos delincuenciales”. Por supuesto esto hará que se incremente la denuncia y se cuente con más carpetas de investigación, pero también se piensa en estimular a los ciudadanos y a la policía a trabajar de una manera más profesional.

Respecto a la Justicia Cívica, se instalarán módulos en puntos donde se considera conveniente, como juzgados donde se llevan a cabo las audiencias, sobre todo los de tipo familiar (violencia y otros) y vecinal para llegar a acuerdos; además, con las faltas de tránsito y multas que se hayan impuesto, el ciudadano podrá impugnar o conocer de una manera más objetiva la razón de la multa, con lo que el ciudadano será atendido ante faltas por parte del cuerpo de tránsito…

Las dirigencias empresariales, los organismos de la sociedad civil y la ciudadanía están aportando recursos mediante un incremento al impuesto celular, para buscar dos objetivos, con una orientación ciudadana. Aportan recursos en conjunto para coadyuvar en la reconstrucción del tejido social y apoyar al fideicomiso de seguridad, logrando hasta ahora un gran avance.

Tras estos resultados y al haber mostrado una limpieza y profesionalización en programas, el Gobierno Federal no deberá castigar a los Municipios que cumplen con el buen uso de recursos del FORTASEG, sino más bien aumentar los fondos e impulsarlos, para que la Policía Local se profesionalice y que el acompañamiento de la Policía del Estado y el Ejercito o la Guardia Civil si ésta es aprobada, ayude a que se tenga un control en la seguridad lo más rápido posible.