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El Poder del Consumidor informó que dejará la mesa de “Obesidad en niños y adolescentes" de Gobierno Abierto, mientras las demandas d el Grupo Núcleo de la Sociedad Civil con respecto al caso de espionaje no sean satisfechas.
Las víctimas del espionaje fueron el director del EPC, Alejandro Calvillo, junto con Simón Barquera del Instituto Nacional de Salud Pública y Luis Manuel Encarnación de la red de organizaciones ContraPESO.
El Poder del Consumidor ha expresado su disposición e interés a colaborar con la Secretaría de Salud en este proceso en cualquier otro espacio o grupo de trabajo, fuera de la iniciativa de Gobierno Abierto.
Solicitó a la secretaría de Salud llevar adelante los compromisos acordados en materia de “Obesidad en niños y adolescentes” dentro del proceso de Gobierno Abierto , en especial la línea de acción referida al conflicto de interés en la política pública frente a la obesidad.
Como participante en la mesa de trabajo y los planes de trabajo de Gobierno Abierto sobre “Obesidad en Niños y Adolescentes”, El Poder del Consumidor señaló que se avanzó en la creación de “un grupo multidisciplinario de sociedad civil, academia y gobiernos encargada de elaborar una estrategia con el fin de evitar los potenciales conflictos de interés de los actores involucrados en las políticas públicas dirigidas al combate de la obesidad en la población mexicana”.
El 12 de mayo pasado se acordó el documento base para establecer los lineamientos para evitar el conflicto de interés en los procesos de evaluación de la política pública contra la obesidad en el reglamento del Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles (OMENT) y un formato de declaración de intereses de sus participantes.
Los acuerdos en el grupo de trabajo sobre los lineamientos y el formato para ser incorporados en el reglamento del OMENT se complementaron con otro acuerdo sobre el Comité de Gobernanza y sus miembros para garantizar que la interferencia de los intereses económicos de la gran industria de alimentos y bebidas no interfieran en la evaluación de la política pública contra la obesidad, como ha venido ocurriendo y ha quedado plenamente documentado.
Los lineamientos contra el conflicto de interés en la política contra la obesidad fueron tomados de lineamientos similares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de algunas naciones como Brasil y Chile, recuperando las mejores prácticas nacionales y consultando a los expertos nacionales en el tema.
Alejandro Calvillo, director de EPC, víctima de un sistema de espionaje comprado por el gobierno mexicano, ante las respuestas de la Secretaría de la Función Pública, señaló al Grupo Núcleo de la Sociedad Civil, en el sentido de que no se había presentado denuncia: “El caso de espionaje, de intervención de comunicaciones, de acceso a documentación privada, sin una orden de un juez, se persigue de oficio, no se requiere de una denuncia por parte de la víctima, basta que el Ministerio Público Federal tenga conocimiento de los hechos para que los investigue. El MP no puede argumentar que no conoció de los hechos que están documentados en la prensa internacional y nacional, hay dos puntos de acuerdos en la Cámara de Diputados pidiendo esta investigación, un punto de acuerdo en el Senado en el mismo sentido, la carta que entregó hace más de tres meses el Grupo Núcleo de Sociedad Civil pidiendo la investigación, un desplegado a página entera en un diario nacional firmada por centenares de expertos y organizaciones internacionales dedicadas a la salud pública y a la seguridad digital.”
EPC considera que los acuerdos logrados con Secretaría de Salud sobre lineamientos para evitar el conflicto de interés en el OMENT, el formato de declaratoria de conflicto de interés para sus miembros y el comité de gobernanza propuesto, son un avance fundamental para redireccionar las políticas contra la obesidad: reformular el etiquetado frontal, profundizar la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia a todos los medios y sus herramientas, fortalecer la implementación de la regulación de los alimentos y bebidas en las escuelas y fortalecer el impuesto a las bebidas azucaradas exigiendo el destino de sus recursos a la prevención de estas enfermedades que han colapsado ya el sistema de salud pública, enfermedades que han sido declaradas por la propia Secretaría de Salud como emergencias epidemiológicas.
