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de la sociedad buscan reunirse con autoridades para diseñar una estrategia sobre el seguimiento a las recomendaciones emitidas en el Informe del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU .
El informe fue presentado el pasado 8 de junio ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y dio cuenta de seis casos emblemáticos en los que se han denunciado violaciones a los derechos de los pueblos indígenas en la construcción de proyectos de iniciativa privada en sus territorios .
En conferencia de prensa, representantes de 18 organizaciones de la sociedad civil reconocieron que el informe del Grupo de Trabajo relata en dichos casos las violaciones al derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada por parte del Estado a los integrantes de pueblos indígenas.
Destacaron que el Grupo de Trabajo de la ONU exigió que se respete el derecho a la consulta previa, conforme a los estándares internacionales; recomendó que se investiguen y sancionen los ataques contra defensores de derechos humanos y que se refuerce la supervisión y la evaluación de los efectos ambientales y sociales.
“Si bien se analizan seis casos emblemáticos de abusos a derechos humanos, desde sociedad civil documentamos más de 68 casos de abusos relacionados con el sector minero, de la construcción, agroindustrial y energético en el informe México; Empresas y Derechos Humanos”, señaló Karen Hudlet, del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.
Señalaron que es necesario un cambio de cultura empresarial y gubernamental para que, además de perfeccionar los procesos de consulta, la posibilidad de no materializar ciertos proyectos no sea descartada del todo por cuestiones de medio ambiente y por oposición de los pueblos indígenas que pueden resultar afectados.
El informe de la ONU derivó de la visita oficial que realizó a México, específicamente en Oaxaca, el Estado de México, Sonora y Guadalajara.
“La urgencia de atraer inversiones, la insuficiencia de las salvaguardias y la falta de capacidad para hacer cumplir la legislación vigente crean un entorno en el que los derechos humanos se pueden vulnerar con impunidad”, señaló entonces el Grupo de Trabajo en el informe.
lsm
