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Los ombudsperson que integran la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) hicieron un llamado a los Estados asuman sus responsabilidades y generen condiciones necesarias para la realización de movimientos migratorios en condiciones de seguridad y dignidad.
Los responsables de los organismos protectores y defensores de derechos humanos de Iberoamérica suscribieron la Declaración de la Ciudad de México en la que se emitieron 17 propuestas dirigidas a los estados que confrontan estos fenómenos ya sea como países de origen, tránsito o destino final.
Dicha Declaración fue presentada por el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, y José de Faria Costa, Presidente de la FIO y Proveedor de Justicia de Portugal, en la ceremonia de clausura de la Segunda Cumbre Iberoamericana, “Migración y Derechos Humanos. Una nueva mirada”, donde además adoptaron el “Protocolo de Actuación FIO para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas en Contexto de Migración” y validaron el respectivo Plan de Acción.
La Declaración de la Ciudad de México demanda el desarrollo de políticas de protección, apoyo y asistencia en los fenómenos migratorios, en cumplimiento de los compromisos asumidos en el ámbito de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y del entendimiento común universal del enfoque de seguridad humana aprobado por la Asamblea General de la ONU en la resolución 66/290 de 25 de octubre de 2012.
De igual manera, los ombudsperson solicitan el desarrollo de políticas de integración y soluciones duraderas para las personas migrantes y refugiadas, respectivamente, para garantizar el respeto de sus derechos fundamentales en los países de destino.
Las cuales deben construirse con la participación y consulta de personas y grupos afectados, organizaciones y redes no gubernamentales en materia migratoria.
Además de que se combatan la xenofobia y las formas de criminalidad que se desarrollan en torno del fenómeno migratorio, para lograr una efectiva y eficaz protección de los derechos humanos de ese grupo poblacional vulnerable.
Los ombudsperson proponen que los países de origen y destino de fenómenos migratorios masivos apliquen políticas centradas en la búsqueda de soluciones de reciprocidad económica para construir alternativas a la expulsión de las personas migrantes.
También faciliten la comprensión del fenómeno migratorio y las ventajas de las políticas de acogida entre sus comunidades, y reconozcan la particular vulnerabilidad de mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como de personas de grupos vulnerables y de refugiados, y les garanticen el acceso a cuidados de salud, apoyo legal y jurídico, su inclusión en el mercado laboral y la prevención de situaciones de marginalidad y criminalidad.
Solicitan promover la difusión de riesgos asociados a la migración irregular, como trata y tráfico de personas, el apoyo a procesos de retorno de personas migrantes a sus países de origen y garantizar que los derechos fundamentales de las personas migrantes detenidas por razones de control migratorio sean respetados y las faltas se consideren administrativas y no delitos, lo que evitará la criminalización del fenómeno social de la migración.
