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Los videos difundidos el miércoles en los que se aprecia una aparente ejecución extrajudicial de militares a un presunto huachicolero son una muestra de las faltas graves del Ejército al realizar labores de seguridad pública, coincidieron especialistas.
Alejandro Madrazo, profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), coordinador del programa Política de Drogas, identifica al menos dos errores que cometieron militares el 3 de mayo: no catear a la persona detenida y no establecer un perímetro de seguridad.
“El video muestra faltas graves en las prácticas del Ejército: no catear a los detenidos y establecer un perímetro alrededor del tiroteo. Además, muestra un delito que se configuraría que es el de la ejecución y uno más que se podría configurar al retirar la cámara. Hay dos errores y dos delitos”, señaló Madrazo en entrevista con EL UNIVERSAL.
El especialista afirma que estos errores reflejan un deficiente entrenamiento por parte de los militares para realizar labores de seguridad pública, lo que se traduce en costos de imagen para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y riesgos para la población. “El Estado lleva 10 años ‘cargándole el muerto’ al Ejército y no ha asumido el compromiso de mejorar las policías, lo que tiene costo para la población civil y para el Ejército”, afirmó.
Las imágenes difundidas el miércoles muestran la forma en que previamente el convoy en el que viajaban los soldados fue emboscado, primero con una camioneta y luego por un segundo vehículo que cerró el paso a los militares, entre disparos de los chupaductos.
En otro momento se observa a un presunto criminal que está tirado en el suelo. Los militares que lo habían sometido se repliegan al ser atacados, por lo que lo dejan en el lugar; sin embargo, el hombre se incorpora, saca una pistola y dispara en contra de los militares; al menos uno de ellos murió.
La noche del 3 de mayo, elementos del Batallón 25 realizaron un operativo en la localidad, luego de recibir una denuncia anónima que les advertía del robo de hidrocarburo. El saldo fue de 10 muertos, entre ellos, cuatro militares.
Pablo Girault, consejero de México Unido Contra la Delincuencia, señaló que en caso de comprobarse que el militar mató deliberadamente a una persona desarmada, el Estado no debería permitir estas acciones.
“El Estado tiene que observar el Estado de derecho, nadie puede convertirse en juez y aplicar una pena si no pasa por un proceso. En el video vemos a un soldado que en dos segundos determinó la culpabilidad y de inmediato aplicó una pena que no existe, que es la muerte. Esa reacción es la que el Estado no puede permitir”, señaló Girault.
César Gutiérrez, especialista en derecho militar y seguridad nacional, expresó que en redes sociales y algunos medios de comunicación se da por hecho el disparo del militar al civil y que se menciona como presuntos huachicoleros a los agresores. Advirtió que en ambos bandos debe respetarse la presunción de inocencia.
“[El elemento del Ejército] pone en riesgo su vida y la gente hace juicios de valor diciendo que el militar usó su arma de fuego para ejecutar a una persona, y debe entenderse que también se debe considerar como algo que ‘presuntamente’ pasó porque el militar está bajo investigación. El soldado, como persona, tiene derecho a que se presuma en todo momento su inocencia”, expuso el abogado.
Gutiérrez coincide en que los militares se están enfrentando en desventaja con miembros de la delincuencia organizada en acciones “que no deberían de llevar a cabo y, menos, sin el auxilio de un marco jurídico”.
“Estamos hablando de grupos que tienen la capacidad de tener personal entrenado, con armamento de uso exclusivo del Ejército, con camionetas blindadas y las formas de operar con de enfrentamiento directo con personal militar”, advirtió César Gutiérrez.
