Más Información
Comité de Evaluación del Poder Judicial frena, en su ámbito, proceso electoral; dan 48 horas para emitir resolución
Nafin impedida legalmente para más reintegrar fideocomiso a Tesorería: SCJN; hacerlo implica un delito, explica
Consulado General de México en Los Ángeles brinda apoyo a mexicanos afectados por incendio; llama a atender recomendaciones de autoridades
Luisa Alcalde convoca al informe de gobierno de 100 días de Claudia Sheinbaum; destaca aprobación del 78%
Representación de México en protesta de Maduro es avalar fraude electoral: PAN; rechaza propuesta de Sheinbaum
Expertos prevén panorama sombrío ante revisión del T-MEC; renuncia de Trudeau y ascenso de conservadores en Canadá, afectará
Un Tribunal federal se negó a dejar fuera del caso a la Juez de Distrito que conoce de los amparos promovidos por el ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina y varios de sus colaboradores.
El Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal en Nuevo León declaró infundados ocho procedimientos de recusación y uno más sin materia, promovidos por la Procuraduría estatal en contra de la Juez Quinto de Distrito en materia penal en la entidad, Beatriz Joaquina Jaimes Ramos.
La Juez Jaimes Ramos fue denunciada por la Fiscalía Anticorrupción ante la Procuraduría General de la República (PGR) al considerar que se excedió en la suspensión provisional concedida al ex gobernador con la que ordenó su inmediata liberación, razón por la que inició los procedimientos para que la Juez deje de conocer de los juicios de garantías tanto del ex mandatario como de sus colaboradores.
En consecuencia el Tribunal Colegiado desestimó el argumento de la Fiscalía en el sentido de que la denuncia penal que interpuso contra la Juez, ante la autoridad federal, puede generar enemistad y falta de imparcialidad en su actuar en los amparos promovidos por los funcionarios implicados en las acusaciones en el caso de Medina.
El ex mandatario fue señalado por ejercicio indebido de funciones al permitir que fueran entregados incentivos de forma ilegal por 3 mil 600 millones de pesos a la empresa coreana KIA.
cg