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El Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, sostuvo la primera reunión con el colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños, conformado por padres de los menores fallecidos y lesionados en el incendio registrado en la Guardería ABC, en la que aprobó de manera inmediata el cambio de fiscal que da seguimiento al caso.
Madres de los menores fallecidos el 5 de junio del 2009, en la guardería de Hermosillo, Sonora, acudieron la semana pasada a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) en la Ciudad de México para encontrarse por primera vez con Cervantes Andrade y definir el esquema de trabajo para continuar con las investigaciones del incendio que cobró la vida de 49 menores y dejó al menos 24 niños lesionados con quemaduras.
De forma sorpresiva, relatan los integrantes de Manos Unidas por Nuestros Niños y su representante y abogado Gabriel Alvarado, el Procurador accedió a una petición solicitada desde septiembre del año pasado: cambiar a la fiscal Laura Flores Cancino porque consideraban que tenía detenidas las indagatorias.
“Nos sorprendió que el procurador diera la instrucción de inmediato, esperábamos que nos dijera como todos que lo iba a checar, pero no, asignó a una nueva fiscal y en seguida nos la presentó”, comentó Juana Luna Hernández, madre de uno de los menores fallecidos.
Gabriel Alvarado, abogado del colectivo, informó que en lugar de Flores Cancino, el procurador asignó a Patricia Muñoz Sierra, a quien le dio la orden de comenzar a trabajar de forma inmediata.
El litigante explicó que este cambio fue solicitado por los padres al considerar que la anterior fiscal mantenía la investigación cerrada, no les permitía ver el expediente y tenía detenidas las diligencias.
Destacó que Cervantes Andrade se comprometió a profundizar la investigación, a redoblar los esfuerzos y a poner a disposición todos los recursos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA) para avanzar en la investigación.
El colectivo denunció que a casi ocho años de los hechos no se hallan definido responsabilidades y se desconozcan las causas del incendio.
Alvarado informó que poseen un video en el que se aprecia a una persona ingresando a la guardería y sacando papelería semicalcinada después del incendio y que el antiguo titular de la AIC, Tomás Zerón de Lucio, se comprometió a identificar, pero no ocurrió.
Manos Unidas por Nuestros Niños también lamentó que la gobernadora sonorense, Claudia Pavlovich, se haya comprometido con ellos a sumarse a la exigencia de justicia y a reconocer la responsabilidad del estado, sin realizar alguna acción al respecto.
“Nos dijo que nos iba a ayudar a la exigencia de justicia y aseguró que iba a reconocer la responsabilidad institucional del gobierno del estado, pero no pasó”, denunció una de las madres.
La lucha de las madres y padres de los afectados no ha parado desde aquel 5 de junio de 2011. Otro de los pendientes es la entrega de los dictámenes médicos de 81 menores a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para determinar su estado médico y que se les asigne calidad de lesionados.
“Son pequeños que tienen daños no visibles, porque están en sus vías respiratorias por la exposición al humo y a quienes no les consideró lesionados por no tener quemaduras visibles”, explicó el abogado.
La decisión del Procurador de cambiar a la fiscal a cargo y de comprometerse con el caso dejó satisfechas a las madres que vinieron a la capital en representación de todas las víctimas.
“Estábamos detenidas, es volver a avanzar”, señalaron.
En la reunión estuvieron presentes diputados del Grupo de Trabajo para dar Seguimiento a las Investigaciones y Recomendaciones relacionadas con el caso de la Guardería ABC; Gilberto Higuera Bernal, titular de la SCRPPA, y Jorge Nader Kuri, director general de Control de Averiguaciones Previas de la PGR.
