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Autoridades de los tres niveles de gobierno recibieron una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por violaciones a las garantías fundamentales de más de 200 jornaleros del Valle de San Quintín, en Ensenada, Baja California.
La CNDH emitió la recomendación 2/2017 dirigida a Francisco Arturo Vega de Lamadrid, gobernador de Baja California; Marco Antonio Novelo Osuna, alcalde de Ensenada; así como a los secretarios Luis Enrique Miranda Nava, de Desarrollo Social; Alfonso Navarrete Prida, del Trabajo y Previsión Social, y Aurelio Nuño Mayer, de Educación Pública, y a Mikel Arriola Peñalosa, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por los hechos ocurridos el 17 de marzo de 2015, cuando se realizó la detención arbitraria de jornaleros que se manifestaban en protesta por las inadecuadas condiciones laborales.
La CNDH solicitó que en Baja California se trabaje con la Ley General de Víctimas, que a los afectados se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas y que se les brinde atención médica y sicológica.
La CNDH solicitó que el titular de la Sedesol elabore con el director del IMSS un diagnóstico de la situación de los jornaleros agrícolas en la entidad y se imparta a los servidores públicos un programa integral anual y progresivo de formación y capacitación en derechos humanos.
A Nuño Mayer se le instruyó para que celebre convenios de coordinación para beneficio educativo de la población jornalera agrícola y sus familias, sean o no residentes en ese estado, atendiendo a la diversidad étnica, lingüística y cultural de ese grupo de población.
A Arriola Peñalosa le pidió que ordene a su delegado en Baja California que establezca un programa anual de visitas a empresas y patrones del giro agrícola y, en su caso, inicie los procedimientos administrativos por incumplimiento de la normatividad en materia de seguridad social.
La recomendación deriva del expediente CNDH/6/2015/2338/Q, donde se consignó que el 17 de marzo de 2015 agentes de seguridad pública estatales realizaron una detención arbitraria en agravio de más de 200 jornaleros, entre los que se encontraban mujeres y 50 menores de edad, quienes mantenían bloqueada la carretera Transpeninsular en protesta porque sus patrones no les pagan un salario digno, horas extra, turnos dobles o triples, además de no afiliarlos al IMSS ni les otorgan las prestaciones de ley, ni respetan los beneficios por gravidez conforme a la norma aplicable.
La CNDH confirmó el uso injustificado de balas de goma, bombas de humo, así como lesiones a personas y daños en viviendas por la carencia de una efectiva supervisión de la actuación de los policías y la falta de aplicación de protocolos conforme a los estándares de uso de la fuerza, y de dispositivos no letales.
En el marco del Día Mundial de la Justicia Social, el organismo a cargo de Luis Raúl González Pérez exhortó a las autoridades a emprender acciones para impulsar una justicia social humanitaria y asegurar la cobertura de los satisfactores elementales para gozar de una vida digna y bienestar social.
Como respuesta a esta recomendación, el IMSS y la Sedesol anunciaron que colaborarán ampliamente en el seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones.
“El IMSS dará cabal cumplimiento a la recomendación 2/2017, emitida el 1 de febrero del actual, sobre las condiciones laborales y de seguridad social de personas jornaleras agrícolas”, expresó el instituto a través de un comunicado.
La Dirección General del IMSS instruyó acatar el cumplimiento de todos los puntos de la recomendación, y reforzar la capacitación en derechos humanos, en tanto la Sedesol informó que dará cumplimiento cabal a la necesidad de celebrar convenios en beneficio de la población agrícola y reforzar la vigilancia del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas.
