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El Senado de la República aprobó reformas a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con el fin de aplicar sanciones de hasta 2 millones de pesos a la captura ilegal de tiburón que busque el aprovechamiento exclusivo de las aletas.
La reforma y adiciones a los artículos 66, 132, 138, 140 y 142 de esta ley prohíben el arribo y descarga de aletas de tiburón de cualquier especie, sin que se cuente con el cuerpo completo del animal en la embarcación.
Se debe demostrar el aprovechamiento comercial de las mismas, contemplándose multas de entre 10 mil y 30 mil días de salario mínimo.
El senador Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), indicó que el objetivo de la iniciativa es establecer las bases para que las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y otras dependencias sean más rigurosas en la aplicación de la regulación y sanciones a la pesca ilegal.
Refirió que es necesario proteger e impulsar la pesca sustentable, a efecto de dar un ordenamiento pesquero y a la actividad primaria en los litorales del territorio nacional, pues de esta forma se protegerán especies en peligro de extinción como el tiburón.
Sobre eso coincidió el senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jorge Aréchiga, al referir que la pesca es parte fundamental de la soberanía alimentaria y la práctica conocida como “aleteo”, que consiste en matar a tiburones para aprovechar exclusivamente sus aletas, va en contra de esta la actividad.
La senadora Mariana Gómez del Campo, del PAN, celebró que se expidan estas leyes, pues la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza indica que México es el segundo país con mayores especies en riesgo, mientras que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) refiere que existen 90, entre ellas la vaquita marina, la ballena azul, tiburones y delfines.
Se mostró optimista de que, al aumentar las multas por pesca ilegal de tiburones, de 6 mil 796 pesos a un rango de 600 mil a 2 millones, habrá una reacción para salvar a esta especie marina, necesaria para mantener el equilibrio ecológico de los mares.
El dictamen correspondiente a esta ley se aprobó con 74 votos a favor y se remitió a la Cámara de Diputados para efectos constitucionales.
De igual forma, los legisladores aprobaron cambios a los artículos 4 y 29 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para precisar que el Instituto Nacional de Pesca (Inapesca) es un organismo público descentralizado.
