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El abogado Luis Ignacio López Rodríguez pensó que era una broma de mal gusto aquella circular que encontró en mayo pasado en una de las ventanillas del Juzgado de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México. “Los actuarios de esta H. Junta no pueden salir a diligenciar o notificar ningún asunto en virtud de que no se les ha pagado sus viáticos para realizar dichas funciones”.
El anuncio, que retrasó las acciones de juicio laboral para el cual fue contratado por una prestigiada empresa internacional, lo pusieron de mal humor.
—¿Y qué le digo a mi cliente? —preguntó a la mujer de la ventanilla.
No sé, ¿yo qué le puedo decir? —respondió.
Un hecho similar se repitió en agosto en la Junta de Conciliación del estado de Tabasco. La actuaria Cristina Martínez Cárdenas incluyó en un expediente un reporte singular. “Hago constar que no es posible llevar a cabo lo ordenado en el acuerdo de fecha 28 de abril en virtud de que no tuve los medios necesarios [no hay vehículo] para llevar a cabo tal diligencia”.
Desde el primer trimestre del año, estas situaciones se han vuelto cotidianas en las juntas de conciliación federal y estatales. Abogados, empresas, demandados y demandantes se preguntan dónde quedó la reforma laboral que entró en vigor en noviembre de 2012, la que transformaría el sector y agilizaría la impartición de justicia. En términos operativos “se encuentra rebasada” entre el aumento de demandas y los recortes presupuestales que iniciaron desde 2015.
López Rodríguez, quien litiga desde hace 20 años, describió la situación. “Esta área del derecho está descuidada a pesar de que la reforma laboral es una maravilla en papel, quedó rebasada en la práctica por falta de presupuesto y de personal. Eso retrasa la impartición de justicia que de por sí era lenta”, afirmó.
Dijo que en un día de audiencia pueden enterarse que un actuario no realizó una notificación porque los autos no tienen gasolina. O bien, encontrar pizarrones informativos con anuncios como éste: “A litigantes y público en general. Se les informa que a partir del 1 de junio esta junta ya no contará con papelería suficiente para la demanda en general de los usuarios para la impresión de las audiencias debido a la escasez de presupuesto y recursos materiales. Se les solicita traer sus propias hojas en blanco para que sus actas les sean impresas. Por su atención y comprensión, gracias”.
Situaciones similares se repiten en las juntas locales como la de la Ciudad de México. En un recorrido realizado por la junta de la capital del país, EL UNIVERSAL constató que los abogados asumen como parte de sus servicios llevar consigo decenas de hojas blancas para impresión.
Se han acostumbrado también a carencias ocasionales de tóner y atrasos de hasta dos horas en la cita de sus audiencias; sea porque faltó una mecanógrafa o porque la carga de trabajo es excesiva. Por eso es común que las pantallas informativas de cada juzgado —en las que se muestra el estatus de cada audiencia— destaquen constantemente en letras rojas: “Audiencia retrasada”. Esto implicará ser reagendados para cuando haya espacio.
López Rodríguez es parte de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas; y como parte de esta agrupación, consideró que su trabajo no es pelear con los empleados de la junta por la falta de insumos, sino trabajar con lo que hay, aunque esto, naturalmente, implique gastos adicionales al cliente.
“Con las empresas extranjeras firmamos contratos en los que está prohibido ofrecer dinero o gratificaciones. No lo hacemos, pero debido a la situación en que nos encontramos dentro de las juntas tenemos que hacer su trabajo y dar facilidades a los actuarios para que hagan lo suyo. Por ejemplo, ponerles un auto que maneja un pasante de carrera para que los lleve a realizar notificaciones de nuestros casos, si queremos que éstos avancen”.
Héctor Cervantes está inmerso en el sector desde hace tres décadas y actualmente encabeza su propio despacho.
“En casos laborales la justicia siempre ha sido muy lenta pero hoy lo es más porque el número de juicios aumentó en los últimos años y los recursos no crecieron en la misma proporción. La consecuencia es que un juicio que en promedio debería tardar nueve meses, ahora dura años con todo y que la reforma laboral redujo a un año el pago de salarios caídos”.
Para ejemplificar su aseveración, Cervantes —quien es parte de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados— mostró en su agenda el calendario de audiencias que tiene en la Junta de Conciliación y Arbitraje para diciembre y los primeros meses de 2017.
Como estas fechas rebasan los términos de ley, él y otros litigantes se han visto orillados a tramitar amparos con el fin de que sea repuesto el procedimiento y entonces, se adelante la fecha de audiencia.
Relató que cuando ganan el amparo el tiempo los ha alcanzado de nuevo y otra vez terminan con la fecha inicial que rechazaban; o con una fecha posterior a ésta. “Diré algo que es del dominio público. Las juntas a veces toman represalias contra quienes nos amparamos y en revancha, retrasan más nuestras audiencias”, detalló.
Consumo de viáticos
Otro problema son los atrasos en las juntas estatales como la de Veracruz, que durante tres años no ha podido realizar la notificación a una empresa en Tamaulipas por falta de coordinación interna. “Todo pasa. Enviamos a nuestros abogados para que se presenten con la contraparte, le pagamos avión, hotel, viáticos, todo. Y resulta que cuando llegan, la empresa no ha sido notificada”, destacó.
En un intento por corregir esa “cotidianidad”, el abogado relató que han expresado sus quejas a cada presidente que ha pasado por las juntas federales, quien atentamente los escucha, pero al final no resuelve y todo se mantiene igual o peor.
“Muchos de estos cargos son políticos y terminamos bajo la administración de abogados civiles o penales que desconocen el área laboral”, aseguró.
En su experiencia, López Rodríguez afirmó que algunas juntas de conciliación son la excepción y funcionan decentemente, como la federal en Tabasco, Veracruz y en la zona del Bajío; también la local en Puebla.
Mientras que la experiencia es negativa en las juntas locales y federales de Acapulco y Cuernavaca. O en Tampico, donde las sillas rotas y los expedientes arrumbados en escritorios, piso y archiveros se observan con este anuncio pegado en la Oficialía de Partes.
“Por razones de una debida prestación de servicios, los convenios se recibirán hasta antes de las 14:00 horas, atendiéndose conforme a las posibilidades humanas”.
Paciencia y voluntad: Navarrete Prida
El presidente Enrique Peña Nieto reconoció la dimensión del problema al presentar su iniciativa de ley en materia de justicia laboral, misma que fue enviada al Senado de la República el pasado 28 de abril.
En sus argumentos el mandatario dijo que “la modernización de las instancias impartidoras de justicia laboral quedó desfasada frente a las necesidades y expectativas de la sociedad”. Como solución para este tipo de justicia en pleno siglo XXI propuso dejar a las Juntas de Conciliación y Arbitraje —federales y estatales— en manos del Poder Judicial y no del Poder Ejecutivo, como ocurre desde el modelo posrevolucionario de 1917.
La iniciativa se basa en el diagnóstico que el Presidente encargó en noviembre de 2014 al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), que analizó el tema en los foros de justicia cotidiana. En 21 conclusiones enumeran graves problemas en el desempeño y operación de las juntas de conciliación.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, reconoció que la reforma laboral no se ve reflejada en la impartición de justicia como consecuencia de la situación económica nacional y sus recortes presupuestales, mismos que no fueron previstos durante su análisis, debate y discusión en 2012.
En el paquete fiscal de egresos 2017, esta dependencia recibiría 27% menos dinero en comparación con 2016, lo que afectará a su Junta de Conciliación, que en 2015 obtuvo poco más de un billón de pesos y este año apenas recibió 907 millones.
“Ahí no ha llegado la reforma, los juicios que deben durar un año, en realidad duran tres. Las cargas de trabajo han hecho que cada servidor público tenga en promedio 200 expedientes, lo que hace imposible tener una justicia expedita. Eso se refleja en la baja calidad de los laudos, hecho que medimos por el número de amparos en los que nos corrigen la plana. Y este círculo genera trabas en el Estado de derecho”, explicó.
El funcionario reconoció que el recorte en el gasto corriente de la juntas federales afecta sus labores administrativas dentro de los juicios, tales como traslados de actuarios, pago de viáticos, ahorros en papelería, saturación de audiencias, retrasos de éstas, e incluso, reducción de personal. Refirió que para éste fue necesario despedir a 300 personas.
“Sí, la reforma laboral se vio impactada por la economía. Y creo que la justicia laboral seguirá siendo lenta el resto de este año e incluso durante 2017. Tenemos claro que el mejor lugar para la reforma está en los poderes judiciales, donde puede encontrar acomodo en estructuras muy profesionales y formales”, afirmó.
La iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto inicia su discusión las comisiones de Puntos Constitucionales, Trabajo y Justicia, entre otras, y se prevé su aprobación en este periodo ordinario. Por eso, la Secretaría del Trabajo consideró que, tras su publicación oficial, las juntas de conciliación iniciarían su transición al Poder Judicial en el transcurso del próximo año. De ahí que Navarrete Prida envíe un mensaje a abogados, empresas, demandados y demandantes quienes están inmersos en los actuales juicios laborales.
“Pido que tengan paciencia, ánimo y voluntad para cambiar el sistema de justicia, porque si seguimos como vamos con baja calidad en laudos, y como no vamos a tener más recursos de aquí a fin de sexenio, tendremos muchos más expedientes que resolver”, dijo.
