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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el homicidio del periodista Pedro Tamayo Rosas.
Al igual que la UNESCO, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH pidió a las autoridades mexicanas a investigar y sancionar a los responsables del crimen.
De acuerdo con la Relatoría, la Fiscalía General de Veracruz inició el 29 de julio la indagatoria correspondiente y entre las hipótesis relacionadas con la misma está su trabajo periodístico.
"El Estado informó que el Fiscal Especializado en Atención de Delitos cometidos contra periodistas inició una investigación en coordinación con la fiscalía local.
"Por su parte, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas del estado de Veracruz condenó el asesinato e informó que estaba en comunicación constante con la familia del periodista brindándoles asesoría y apoyo", dijo la CIDH.
Asimismo, manifestó su preocupación debido a que pese a la existencia de medidas de protección a favor de Tamayo y la vigencia del Sistema de Alerta Temprana y Planes de Contingencia para la protección de los periodistas de Veracruz, no fue posible que las autoridades evitaran su homicidio.
Recordó que Tamayo es el séptimo periodista asesinado en México durante 2016
"La Relatoría Especial expresa su profunda preocupación por el aumento de la violencia contra periodistas en México que se expresa en el incremento de la cifra de periodistas asesinados en relación con años anteriores, cuyas muertes podrían estar vinculadas al ejercicio de la profesión", señaló.
Recordó que el gobierno mexicano está obligado a conducir la investigación con la debida diligencia y agotar todas las líneas de indagación, lo que cobra especial importancia en casos de violencia contra periodistas.
"Una investigación que no pondere aspectos vinculados con el contexto de la región, así como la actividad profesional del periodista, tendrá menos posibilidades de conseguir resultados.
"De la misma manera, la Relatoría Especial considera fundamental evaluar de forma urgente la posibilidad de activación de los mecanismos de atracción previstos en la ley y que este caso pueda ser investigado y judicializado de inmediato por las autoridades federales mexicanas", dijo.
