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Luego de que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados envió a la Comisión de Puntos Constitucionales la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto sobre la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, el presidente del órgano legislativo, el diputado Daniel Ordóñez (PRD), indicó que el Poder Legislativo no cederá a presiones de índole religioso o de grupos conservadores que se oponen a este cambio constitucional.
Afirmó que el proceso de análisis y dictamen de la iniciativa de reforma al artículo cuarto de la Constitución, en materia de matrimonios igualitarios, seguirá su curso, como ocurre con todas las propuestas, y que en su momento será puesto a consideración del pleno de la comisión para su debate.
“Se prevé una intensa discusión, porque este tema es polémico; sin embargo, en los hechos este derecho ya es una realidad, a partir de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucionales los Códigos Civiles de los estados en los que el matrimonio es entendido como la unión entre hombre y mujer”, sostuvo.
Ordóñez Hernández consideró que la finalidad del matrimonio no debe ser exclusivamente la procreación, como lo menciona la Carta Magna, sino que debe ser también la protección de la familia como realidad social, como lo resolvió la Corte en junio de 2015.
Recordó que nueve estados de la República ya modificaron sus legislaciones locales para que personas del mismo sexo puedan casarse, de ahí que la iniciativa presidencial permitirá que los ciudadanos homosexuales puedan contraer matrimonio en el resto de las entidades, es decir, que todas las parejas que decidan ejercer este derecho podrán hacerlo por la vía legal.
El perredista lamentó que la cúpula de la Iglesia católica se haya puesto a la cabeza de los grupos religiosos y conservadores que se oponen a esta reforma, cuando es asunto que le compete al Estado, pero sobre todo, busca garantizar un derecho humano.
“La Iglesia no debe inmiscuirse en asuntos del Estado y en la vida política del país bajo el supuesto de defender visiones morales que ya no obedecen a la realidad social”, anotó el diputado.
Ordóñez negó que el respaldo a la iniciativa sea por apoyo o sumisión al Ejecutivo federal, sino que simplemente, se busca atender una demanda ciudadana de manera constitucional legalmente avalada.
