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marco.muedano@eluniversal.com.mx
El gobierno de México rechaza el contenido del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), puesto que “no refleja la situación general del país”, parte de premisas y diagnósticos erróneos, y se llega a conclusiones sin fundamento que no son fidedignas a partir de una visita de sus expertos en la que se empleó metodología sesgada para efectuar la valoración.
En el documento la CIDH asegura que existe una grave crisis de derechos humanos y que el gobierno mexicano tiene una respuesta insuficiente, principalmente ante fenómenos con alto índice de casos como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos.
En respuesta, tajante, el gobierno federal —en un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República— afirma que el país “no vive una crisis de derechos humanos”.
Critica que las observaciones preliminares de la CIDH fueron hechas a partir de encuentros y entrevistas sobre temas específicos y en lugares focalizados.
“La metodología utilizada por la CIDH para integrar el informe tuvo un sesgo inicial. En lugar de valorar el estado de cumplimiento de las obligaciones del Estado se enfocó en buscar y reflejar violaciones específicas, tomando en cuenta las problemáticas de seis entidades federativas y llegando a conclusiones sin fundamento”, indicó el gobierno federal en alusión a la visita que realizaron sus expertos del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015.
La respuesta añade que el “sesgo” con el que se actuó “generó que la CIDH utilizara la información recabada en su visita de manera parcial, sin atender los requisitos de confiabilidad y convicción previstos en el Reglamento de la CIDH, hecho que no permitió obtener conclusiones sólidas y fidedignas”.
El gobierno federal recordó que “en repetidas ocasiones se solicitó a la CIDH sustentar con mayor solidez sus conclusiones y recomendaciones. Desafortunadamente, el informe publicado no ofrece mayor fundamento ni da respuesta a las preguntas que el propio Estado formuló a la Comisión, además que ignora más de 50 años de avances, desafíos, cambios estructurales y procesos de un país como México, y que habían sido reconocidos por la propia CIDH en su visita a México que tuvo lugar en 1997”.
“El informe final de la CIDH incorpora referencias a las observaciones del Estado mexicano de manera directa en aproximadamente 40 ocasiones, citando textualmente la información proporcionada pero sin contrastar dicha información con sus fuentes y análisis inicial. Si bien resulta positivo que se hayan incluido algunas de las observaciones de México, éstas no incidieron en el análisis final, en su metodología, en el uso de fuentes, ni en sus conclusiones y recomendaciones”, expone el gobierno federal.
En el documento las autoridades aseguran que la CIDH no tomó en cuenta la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública en todas las dependencias federales, ni los avances en materia de garantías.
Reitera que “el informe de la CIDH desestimó o recogió sólo parcialmente” los avances que ha tenido México en derechos humanos, entre los que destaca la publicación de la Ley General contra las Víctimas; protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, la legislación a favor de migrantes y refugiados, niños y adolescentes, así como la presentación de leyes contra la desaparición forzada y la tortura.
“Independientemente de lo anterior, el gobierno de la República toma nota de las recomendaciones que la CIDH incluyó en su informe y reitera que las analizará con detenimiento para el seguimiento que corresponda, si bien, como la misma CIDH reconoce, muchas de estas han sido atendidas o bien se trabaja en atenderlas, incluso desde antes que la Comisión visitara México”
Añade que “el Estado mexicano trabaja constantemente para atender las causas y consecuencias de la violencia en el país generada por la delincuencia, garantizar la seguridad, proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos y mejorar el acceso a la justicia. Por ello, se esperaba que la visita de la CIDH contribuyera a esos esfuerzos y compromisos de México con la emisión de conclusiones y recomendaciones que resultaran de un informe objetivo y bien sustentado, lo cual no aconteció”.
