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El Senado exhortó a los poderes Ejecutivo y Legislativo de las entidades federativas a que incorporen a su legislación secundaria, orgánica y procesal las normas que hagan efectivo el derecho de acceso a la justicia de la población indígena.
Mediante un dictamen aprobado el 13 de octubre pasado, el pleno convocó a los gobiernos locales, al Poder Judicial de los estados, a sus organismos garantes y de defensa de los derechos humanos, a celebrar convenios con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali).
Ello, con el fin de tener acceso a servicios de traductores e intérpretes por medio del Padrón Nacional que tiene a su cargo, pues en México hay más de ocho mil indígenas cumpliendo penas en Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Oaxaca y Veracruz por carecer de una defensa adecuada.
“Es fundamental garantizar el acceso a la jurisdicción de toda persona en la lengua indígena nacional de la que es hablante, a través de intérpretes, traductores y defensores que tengan conocimiento de su lengua y su cultura, como una forma de reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas”, expuso en comunicado.
El punto de acuerdo también señala que según datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, sólo existen 28 defensores públicos en todo el país que hablan lenguas indígenas. Entre 2013 y 2014 salieron de la cárcel dos mil 275 indígenas, de los cuales 218 son mujeres, que en su mayoría hablan náhuatl, zapoteca, maya, tzeltal y tzotzil y viven en zonas rurales.
