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El senador Rabindranath Salazar Solorio, del grupo parlamentario del PRD, presentó una propuesta de modificación a la ley, a fin de armonizar las disposiciones firmadas por México ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con la Constitución Política para establecer que los 18 años es la edad mínima para trabajar.
En su iniciativa plantea la urgencia de modificar la edad laboral, pues la formación y entorno de los menores debe ser en las mejores condiciones, y adolescentes y jóvenes deben tener derecho a actividades lúdicas, al descanso y a la educación.
Según el “Informe Mundial de 2015 sobre el Trabajo Infantil: Allanar el Camino hacia el Trabajo Decente para los Jóvenes”, los adolescentes de 15 a 17 años que realizan trabajos peligrosos en todo el orbe ascienden a 47.5 millones, lo que representa el 40% del total de jóvenes en esta edad, refirió.
En tanto, el “Modulo sobre Trabajo Infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2007” reporta que en México se contabilizaron 3.6 millones de niños y adolescentes que trabajan, de entre cinco y 17 años de edad; situación que representa 12.5% del total de la población infantil nacional. De este porcentaje, 1.1 millones son menores de 14 años.
En las consideraciones, Salazar Solorio refiere que nuestro país firmó el Convenio 138 de la OIT sobre la edad mínima de admisión al empleo, con lo que México está sujeto a adecuar sus leyes para la protección efectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Por ello, el senador propone reformar la fracción III, Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política, pues actualmente este ordenamiento establece los 16 años como edad mínima para trabajar.
“Con ello estamos actualizando nuestra norma fundamental con aquellas regulaciones de derecho a nivel internacional y de las que México forma parte”, dijo.
Reiteró que al realizar esta modificación se da un mensaje de protección y coincidencia con las políticas y prácticas internacionales para salvaguardar el interés superior de la niñez, el cual debe ser pilar de las políticas públicas en materia de protección a los derechos de la infancia mexicana.
El proyecto de decreto se turnó para su análisis, y eventual dictaminación, a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y de Estudios Legislativos, Primera.
