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Representantes de organizaciones no gubernamentales y especialistas, coincidieron en la necesidad de urgir al Legislativo para que se modifique la ley en favor de los niños y niñas hijos de internas nacidos en centros de reclusión en todo el país, (que actualmente son 377), quienes requieren atención y ser incluidos como grupo vulnerable para adquirir mayores apoyos federales y estatales.
Durante la presentación del Anuario Niños Invisibles elaborado por la Fundación Reinserta, la senadora Angélica de la Peña dijo que en materia legal, el problema está en cómo lograr que el interés superior de la niñez sea principio rector en materia de derechos humanos y esto tenga transversalidad en toda la legislación.
Expuso que la Ley de Ejecución Penal tiene en el Congreso más del 80% de avance en su dictamen y se ha discutido entre otras cosas, la definición de que sea hasta los tres años de edad cuando pueden estar en un penal, lo cual sucede en varios estados y no así en el Distrito Federal, por lo que tendría que bajarse para homologarla en toda la República.
En el acto en donde estuvieron, entre otros Saskia Niño de Rivera, presidenta de la Fundación Reinserta, Fernando Ramos, de la Fundación Familiar Infantil y de México Unido contra la Delincuencia, así como Catalina Pérez Correa, profesora investigadora del Departamento de Estudios Jurídicos del CIDE, Angélica de la Peña insistió en que se deben modificar varias leyes para garantizar que los derechos de ese sector y de sus madres se aplique.
Por ello, continuó, el dictamen que se discute sobre la Ley de Ejecución Penal, tiene que ver con la reglamentación de todos los centros de privación de libertad, respecto a cómo tienen que funcionar los inmuebles en sus entes administrativos y "estamos planeando que en los ejes de ejecución se revise el seguimiento de la pena.
"Además de que tiene que ver con programas de reinserción social, con la anulación total de los autogobiernos, con reglas únicas que se apliquen en reclusorios en el ámbito local y federal e incluya a centros de alta seguridad y con aspectos de internas".
En la presentación del anuario, en el que participaron Mercedes Castañeda, de Reinserta, así como los periodistas y conductores, Manuel López San Martín y Carlos Puig, se insistió en la necesidad de que autoridades y la sociedad civil pongan atención a estos niños y niñas.
Saskia Niño de Rivera destacó la importancia de que esos niños y niñas de cero a seis años, deben obtener las herramientas adecuadas que los ayuden a enfrentar la vida, por lo que hizo un llamado a la sociedad, a las autoridades federales y estatales, así como a los legisladores a que se sumen a la causa de la fundación que encabeza para apoyar a esos menores que "su única condena fue haber nacido en prisión".
"Desde nuestro punto de vista no es correcto que vivan en la cárcel. Un niño o niña a los seis años que no ha conocido un animal, que no ha ido a un museo, que no ha podido convivir con sus padres, tarde o temprano se la va a cobrar a la sociedad. Por eso, esta tiene que ser más solidaria", subrayó por su parte Fernando Ramos.
Catalina Pérez Correa señaló que no hay soluciones fáciles a este fenómeno, pues se necesitaría revisar cada caso para saber cuál es el interés superior de los niños y niñas en la citada condición y para ello se requieren recursos, pues no hay una respuesta sencilla para definir que es más conveniente, si se quedan con sus madres dentro del penal o fuera de este.
cfe
