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A un mes de que se firmaran los acuerdos para corregir las investigaciones del caso Ayotzinapa, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha cumplido su compromiso de entregar a las familias de las víctimas, todos los nombres y perfiles de los servidores públicos que conforman la Unidad Especializada para la Investigación del Caso Iguala, denunciaron madres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Metodia Carrillo Lino y María Elena Guerrero Vázquez, madres de los normalistas Luis Ángel Abarca Carrillo y Giovanni Galindes Guerrero, ambos desaparecidos desde hace 14 meses, explicaron que derivado de que la PGR no les ha presentado a los agentes, peritos y ministerios públicos que van a participar en la investigación, se están retrasando las indagatorias del caso y la aplicación del plan de trabajo que propuso el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) el pasado 20 de octubre.
Guerrero Vázquez agregó que la decisión de los padres y madres de instalar un plantón permanente frente a Los Pinos, también es para exigir que se reanude la búsqueda de los 43 estudiantes normalistas de Atoytzinapa, los cuales están secuestrados y desaparecidos desde el 26 de septiembre del 2014, crimen cometido con la complicidad de policías municipales de Iguala y Cocula.
“Nosotros queremos que nos presente a todo su equipo, cuando menos si no tiene el equipo completo a los que ya tenga porque nuestra exigencia es de que se comience a trabajar y de que ya se comiencen las búsquedas, que se atiendan las recomendaciones de los expertos de la CIDH y que se respete nuestra participación directa en la investigación, porque las primeras búsquedas que se realizaron de los muchachos, fueron pura farsa”, denunció María Elena Guerrero.
Por su parte, el vocero de los padres de los 43 normalistas, Felipe de la Cruz, dijo que se exige una cita con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y con la Procuradora Arely Gómez González, ya que sus subalternos siempre dicen que no cuentan con capacidad de decisión y que antes de tomar una decisión deben pedir permiso, por lo que su objetivo es que los atiendan altos funcionarios de manera directa.
“Ya pasó más un mes de que se firmaron los acuerdos entre los padre y la PGR en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero lo cierto es que la investigación sigue frenada y mientras se van consumiendo los seis meses de plazo que se le autorizaron al GIEI para concluir las investigaciones del caso, por eso no nos vamos a mover hasta que nos atiendan y hasta que se reanuden las investigaciones, porque ya sólo faltan cinco meses”, sentenció.
En este marco, tanto Metodia Carrillo como Felipe de la Cruz lamentaron que el gobierno mexicano prefiera destinar más recursos a vigilar las movilizaciones pacíficas que llevan a cabo los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, que a la localización de los jóvenes, violando la privacidad de sus comunicaciones y contraviniendo lo que marca la ley y la Carta Magna en el sentido de que nadie puede ser molestado en su vida privada sin que exista orden judicial.
Por último, uno de los abogados de los padres y madres de los 43 normalistas, Isidoro Vicario Aguilar, explicó que luego de tres reuniones con el Presidente Enrique Peña Nieto, las familias afectadas por la desaparición de los jóvenes no han logrado que se cumplan las promesas y compromisos de las autoridades, destacando que el único punto cumplido hasta el momento por el gobierno federal fue la coadyuvancia del GIEI en este caso.
