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El informe "Un camino incierto: Justicia para delitos y violaciones a los derechos humanos contra personas migrantes y refugiadas en México", menciona que el Programa Frontera Sur aumentó las violaciones a los derechos humanos de los migrantes.
El documento menciona que, a partir de la implementación del operativo para reducir el paso migratorio, hay un incremento significativo de las detenciones y deportaciones.
"En este escenario, los esfuerzos del gobierno mexicano por fortalecer sus capacidades para proteger a las personas emigrantes han quedado muy debajo de sus necesidades", refiere el informe realizado por nueve organizaciones de México y la Oficina de Latinoamérica en Whashington (Wola, por sus siglas en inglés).
Al presentar el estudio, los integrantes de las diferentes organizaciones, mencionaron que el crimen organizado sigue controlando el paso de los migrantes.
Alberto Xicotencalt, integrante de Casa Migrante Saltillo, mencionó que en los estados de Coahuila y Tamaulipas existe un repunte significativo de los secuestros en contra de migrantes nacionales y extranjeros.
Maria Conrad, quien pertenece a la Iniciativa Kino para la Frontera y la Red Sonora, mencionó que se han detectado casos en los que se pagaron hasta 10 mil dólares para que dejaran en libertad a los migrantes.
Los integrantes de las diferentes organizaciones explicaron que las acciones del gobierno federal para reducir la migración no han tenido efectos, pues se ha detectado un cambio de rutas, principalmente por los estados de Chiapas y Oaxaca.
Ante esta situación, en el informe se realizan nueve recomendaciones al gobierno de México y Estados Unidos para atender el problema.
Entre ellas se encuentra una dirigida al Instituto Nacional de Migración (INM) para fortalecer el control interno y rendición de cuentas, para prevenir violaciones a derechos humanos.
A la Secretaría de Gobernación (Segob), se le pide impulsar una estrategia de monitoreo del Plan Nacional de Migración 2014-2018.
afcl
