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El gobierno de México lamentó la suspensión ordenada por un juez federal estadounidense de las acciones ejecutivas de Obama para dar alivio migratorio en favor de cinco millones de personas.
Mediante un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores se pronunció contra la decisión de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito con la que confirma la suspensión ordenada por un Juez Federal, acerca de la puesta en marcha del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia en su versión ampliada (DACA, por sus siglas en inglés) y del Programa de Acción Diferida para Padres de Ciudadanos Estadounidenses y Residentes Legales Permanentes (DAPA, por sus siglas en inglés).
La dependencia federal mencionó que ambos programas otorgarían a los beneficiarios protección contra la deportación por tres años, un permiso de trabajo por el mismo tiempo, el acceso a un número de seguro social y en muchos estados, el acceso a una licencia de conducir o identificación estatal.
Indicó que mientras que DACA ampliado fue pensado para personas que llegaron a Estados Unidos antes de cumplir los 16 años de edad (ampliando el universo de beneficiarios que el DACA original por la supresión del requisito de edad y la modificación de la fecha de ingreso a ese país), DAPA fue concebido para beneficiar a padres de ciudadanos estadounidenses y residentes legales, con el espíritu de conservar la unidad familiar.
“El Gobierno de México, considera que la instrumentación de ambos programas de acción diferida, además de ofrecer certeza jurídica a la comunidad migrante, fortalecerían a las comunidades en donde residen al facilitar su plena integración, además de ser un reconocimiento a sus importantes contribuciones a la economía y a la sociedad de Estados Unidos”, detalla el comunicado.
Por otra parte, la SRE reconoció la intención del gobierno estadounidense de agotar todas las instancias procesales para lograr revertir la decisión de la Corte de Apelaciones.
Asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo un llamado a la comunidad mexicana a mantenerse informada sobre el desarrollo del proceso de revisión de esta decisión judicial, la cual no es todavía definitiva, a través de fuentes oficiales del Gobierno de Estados Unidos, así como de los 50 consulados de México en ese país.