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El ex presidente del extinto Instituto Federal Electoral (IFE) Luis Carlos Ugalde, hoy director de la consultoría Integralia, afirmó que en México la corrupción es un problema fuera de control, pese a que en los últimos años ha habido mayor democracia y más transparencia.
Por ello consideró necesario que el combate a este flagelo sea parte de la agenda política nacional y eje central de la clase política, sobre todo con miras a los comicios de 2018.
“Este será un tema que nos va a acompañar mucho tiempo. Ojalá políticamente hablando esta agenda en transparencia y corrupción embone con la de los políticos, porque, reitero, este esfuerzo en estos ámbitos tiene que conectar con la agenda política nacional… 2018 es un año de elecciones presidenciales”, dijo.
Al participar en la Semana Nacional de la Transparencia, organizada por el INAI, Ugalde aseguró que entre los desafíos en la implementación de los Sistemas Anticorrupción y de Transparencia se encuentran normas con objetivos claros, institutos con recursos suficientes y que los gobiernos tengan capacidad de planeación estratégica, pero sobre todo destacó la voluntad política para llevar a la justicia los casos de corrupción.
Adrián Franco Barrios, director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI, dijo que son necesarias reglas efectivas, no sujetas a interpretación, pero sobre todo sanciones muy claras, porque la corrupción cuesta millones a los ciudadanos.
Explicó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2013, el costo de la corrupción entre ciudadanos y los ministerios públicos es de más mil 630 millones 357 mil pesos; con autoridades de seguridad (policías), mil 117 millones 673 mil pesos, y por trámites ante juzgados, 632 millones 275 mil pesos.
Por separado, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) Luis Raúl González Pérez destacó que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información es un insumo democrático, y destacó la importancia de la accesibilidad de la información para todas las personas.
“El derecho de acceso a la información, al ejercerse junto con la libertad de expresión, con el derecho a la manifestación, con el derecho de petición, entre otros, constituyen una herramienta fundamental de la inclusión social”, expresó.
