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El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias lamentó que en México hay pocos avances en la implementación de las recomendaciones para resolver la problemática.
Al publicar el informe de seguimiento a las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, misiones a México y Timor Oriental, ante el Consejo de Derechos Humanos de la organización internacional, el equipo de trabajo afirmó que “le resulta muy preocupante la situación deteriorada que prevalece en México”.
Dicho grupo también coincidió con la postura del Comité contra la Desaparición Forzada, que en febrero pasado señaló que “la información recibida por dicha instancia ilustra un contexto de desapariciones general en gran parte del territorio del país, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas.
“El Grupo de Trabajo sigue consternado porque el derecho de acceso a la justicia y el combate a la impunidad permanecen como el principal reto en México. La impunidad generalizada perdura como un patrón crónico. La alarmante impunidad favorece la perpetración de las desapariciones forzadas”.
Agregó que en el país no existe un diagnóstico nacional sobre el problema de la desaparición forzada de personas que permita desarrollar las medidas integrales y efectivas para su prevención, erradicación, investigación, sanción y reparación. “Esta falta de reconocimiento cabal a la dimensión del problema se evidenció de manera cruda con la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, y las investigaciones tardías y deficientes que le siguieron; con las estadísticas oficiales, que aún con sus limitaciones muestran una situación particularmente crítica, así como con el descubrimiento de fosas clandestinas en diversas partes de la República”.
Señaló que si bien el Estado mexicano enfrenta retos y desafíos en materia de derechos humanos, incluyendo la desaparición forzada, el grupo de la ONU constató que “el incipiente reconocimiento discursivo al problema de la desaparición forzada no ha sido consistente, uniforme y homogéneo entre todas las autoridades, ni al más alto nivel”.
Agregó que tampoco ha habido un reconocimiento respecto a la dimensión del problema, tal y como lo recomendó este grupo.
Por lo tanto, alentó al gobierno a aceptar la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar comunicaciones individuales e interestatales como lo establecen los artículos 31 y 32 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
“Reiteramos nuestro pesar por los pocos avances registrados en la implementación de sus recomendaciones. Los grandes desafíos detectados durante su visita y plasmados en su informe de misión aún perduran. Salvo excepciones, la impunidad prevalece, los hechos no se esclarecen y las víctimas no reciben una adecuada e integral reparación. Esta realidad puede y debe ser transformada”, advirtió.
Añadió que el gobierno mexicano cuenta con una “oportunidad histórica” de transformar la situación “imperante”, pues consideró que los cambios constitucionales, legales y administrativos adoptados por la actual administración y los que están por aprobarse brindan una “ocasión dorada” para que se implemente en los hechos una política de Estado integral que se ocupe de los diferentes aspectos de prevención, investigación, sanción y reparación de las víctimas de desapariciones forzadas.
jram
