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juan.arvizu@eluniversal.com.mx
Con la desaparición forzada de una persona, la familia pierde los derechos patrimoniales sobre su vivienda y de otros bienes y beneficios, como la cobertura de seguridad social, debido a vacíos en la legislación que debe cubrir el Congreso de la Unión, señalan organizaciones civiles en un paquete de propuestas al Senado.
Junto con los gastos catastróficos por la búsqueda de una persona desaparecida, y el daño sicológico por la ausencia en esas condiciones, las familias de las víctimas enfrentan la pérdida de derechos ante el Infonavit, el IMSS y el ISSSTE, advierten.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña Gómez (PRD), informó que se preparan consultas públicas que nutrirán el dictamen de una Ley General sobre Desaparición Forzada y Desaparición Forzada de Particulares, en cumplimiento del mandato de la reforma constitucional en la materia.
La Cámara Alta tiene en comisiones tres iniciativas de ley, firmadas por los senadores Omar Fayad (PRI), Roberto Gil Zuarth y la propia Angélica de la Peña Gómez. A estos proyectos, en la tarea de dictamen se agregará el documento firmado por 35 organizaciones de familiares de personas desaparecidas en México.
Enorme, la cifra negra. Para la Secretaría de Gobernación (Segob), al cierre de 2014 el número de personas desaparecidas era de 25 mil 230, un mínimo que puede crecer por “una enorme cifra negra de quienes no han denunciado los hechos, por diversos motivos”, destacan las organizaciones.
“Vivimos una enorme tragedia, una crisis humanitaria que no ha sido reconocida y asumida en su verdadera dimensión por el Estado”, advierten las organizaciones civiles al abrir sus propuestas sobre los pasos de investigación y definición de tipo penal; para el registro de desaparecidos y el derecho de sus familiares a buscarlos y a recibir protección de un organismo autónomo.
También señalan que “es de suma importancia llevar a cabo acciones que salvaguarden la personalidad jurídica de la persona desaparecida”.
Asimismo, exigen que se incluya en la ley un procedimiento de “declaratoria de ausencia por desaparición”, y que se extienda a la familia de manera gratuita, única y sencilla.
Esta figura en la ley tendría utilidad ante instancias públicas y privadas para fines de proteger el patrimonio de la persona desaparecida y de sus familiares.
“En la actualidad, las víctimas de desaparición se encuentran en total indefensión frente a la protección y administración de su patrimonio y del seguimiento a derechos y obligaciones”, explican las organizaciones civiles.
La propuesta de los activistas será integrada al paquete de iniciativas que serán sometidas a estudio en comisiones, explicó la senadora De la Peña Gómez, quien prevé que puedan ser enviadas al Senado de la República recomendaciones de especialistas, así como un proyecto de ley del Ejecutivo federal.
