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Transparencia Internacional (TI) y Transparencia México señalaron que nuestro país incumple con la Convención Anticohecho de la OCDE firmada por México en 1999 pues sigue sin sancionar a funcionarios o empresas que incurren en esta práctica.
En el Informe de cumplimiento de la Convención Anticohecho de la OCDE –elaborado por TI y TM– México se ubica entre las economías con “mínima o nula aplicación”, pues en 2015 la Procuraduría General de la República informó que sólo dos casos están en proceso de investigación y desde 1999, ninguno ha sido sancionado.
Indicaron que el cumplimiento de lo dispuesto por la Convención de la OCDE contra el cohecho, debe ser una prioridad para el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.
Indicaron que en el Informe independiente del cumplimiento global de la Convención de la OCDE contra el Cohecho Transnacional 2015, México fue calificado como un país con mínima o nula aplicación, pues a pesar de haber hecho adecuaciones a su marco normativo, desde la ratificación de la convención en 1999 ningún caso ha sido sancionado.
Entre 2011 y 2014, México tampoco inició ninguna averiguación previa por este tipo de delito.
En contraste, Estados Unidos encabeza la aplicación activa de la convención donde en los últimos cuatro años fueron sancionados 108 casos de soborno trasnacional y 105 investigaciones más fueron iniciadas.
Refieren que el 22 de julio en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto, y a propuesta de Transparencia Mexicana, la Procuraduría General de la República publicó un apartado donde se puede conocer información sobre las investigaciones en curso en materia de cohecho internacional.
En ese apartado se señala que en 2015 se iniciaron dos averiguaciones previas por cohecho internacional.
Entre las recomendaciones presentadas en el Informe, están:
Establecer canales oficiales de comunicación entre la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores y sus representaciones diplomáticas, para detectar e informar sobre casos de soborno transnacional que involucren a empresas mexicanas en el extranjero.
Incorporar esquemas para ampliar la responsabilidad administrativa y penal para empresas privadas y garantizar que en cada proceso de licitación pública internacional, la aplicabilidad de la Convención Anticorrupción de la OCDE, esté claramente establecida.
Informar a las empresas que participen en procesos de licitación en México sobre las implicaciones de esta Convención.
crs
