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politica@eluniversal.com.mx
El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto Castillo, solicitó a la Interpol la emisión de una segunda ficha roja para la detención y posible extradición del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, quien es señalado por los delitos de peculado y desvío de recursos por 79 millones de pesos, donde se incluyen la retención de aportaciones a trabajadores del estado para ser destinado al PRI.
Como lo adelantó EL UNIVERSAL en su edición impresa del 20 de junio, la fiscalía de la PGR integró un expediente con pruebas suficientes para solicitar la aprehensión del ex mandatario, incluso con fines de extradición, si es que se encuentra en el extranjero. La indagatoria precisa que Duarte Jáquez es señalado por retener hasta 10% del sueldo a funcionarios de su gobierno para destinarlos al PRI estatal, delito por el cual se solicitó a un juez federal la detención del ex mandatario por el desvío de recursos millonarios.
Al respecto, en un encuentro en la sede nacional del PRD, Nieto Castillo detalló que el martes solicitó la ficha roja a la Interpol para que el priísta César Duarte sea detenido y extraditado para que sea presentado ante las autoridades penales mexicanas.
“Se solicitó la orden de aprehensión contra César Duarte, fue liberada por la violación tanto por peculado electoral como por desvío de recursos de las aportaciones de los trabajadores”, expresó Nieto Castillo.
El fiscal relató que el punto central de la indagatoria es que César Duarte le detenía entre 5% y 10% del salario a los trabajadores en contra de su voluntad; las operaciones ilícitas fueron por el orden de los 79 millones de pesos, sólo de la administración pública centralizada y se ejerció acción penal por 14 millones respecto a 2015, por lo que se acumularán los 79 millones de pesos.
La primera ficha roja en la Interpol es por delitos del ámbito local.
En el caso del gobernador de Nayarit en funciones, el priísta Roberto Sandoval, la FEPADE también tiene una denuncia por condicionamiento de programas sociales, por desvío de recursos hacía la campaña del PRI en su estado. El lunes EL UNIVERSAL informó que la PGR lo indaga por enriquecimiento ilícito.