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Después de casi ocho horas de audiencia, la Juez del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Oriente, Beatriz Moguel Ancheyta, decidió vincular a proceso a Gabriel Reyes Rodríguez De la Vega, de 31 años de edad , por los portación de armas sin licencia, acopio y posesión de cartuchos y cargadores, todos de uso exclusivo del Ejército; por lo que confirmó la medida de prisión preventiva en su contra para continuar con las investigaciones del caso.
El hombre f ue detenido el pasado 27 de junio en la Ciudad de México en posesión de un arsenal de armas entre las que se cuentan un lanzagranadas, una ballesta y una escopeta.
Desde las 12:00 horas de hoy el imputado, de aproximadamente 1.90 de estatura, tez blanca, cabello claro ondulado y la cara enrojecida por los 38 grados de temperatura provocados por una infección en vías respiratorias que le aqueja desde hace días; entró a la Sala 2 del CJPF en dicho centro de reclusión para escuchar las acusaciones de la Procuraduría General de la República en su contra.
Luego de diversos recesos para verificar el estado de salud del imputado, a las 19:45 horas la juez tomó la decisión de vincularlo a proceso por los cuatro delitos y otorgó a la PGR 5 meses como plazo máximo para determinar la investigación contra Rodríguez De la Vega.
Durante la diligencia, los agentes del Ministerio Público Federal emitieron las acusaciones por la cantidad de armamento que fue hallado dentro de su automóvil el día de su detención, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina se decidían a ejecutar una orden de desalojo en el domicilio ubicado en Cerrada de Cerezas número 16, en la colonia Tlacoquemécatl, delegación Benito Juárez.
Solicitaron a la Juez federal vincular a proceso a Reyes Rodríguez De la Vega por los delitos de acopio y posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Armada Mexicanos; y portación de armas sin licencia.
Pues al momento de su detención le fueron halladas 51 granadas, 33 de mano de fragmentación, una réplica de granada de mano de fragmentación, 4 de mano de gas lacrimógeno y 13 de calibre 40 milímetros; una ballesta con 12 flechas de plástico y punta metálica; una carabina calibre 223; un lanzagranadas calibre 40; una escopeta calibre 12 y una ametralladora 7.92x57.
También le fue hallada una pistola 380 y un revólver .32, así como diversos cartuchos.
Además de las armas fueron encontrados chalecos antibalas, miras telescópicas, cachas, equipo y vestimenta militar.
El fiscal encargado de formular la imputación fue apercibido en diversas ocasiones por la juez para precisar las armas, relacionarlas con las pruebas periciales que ofreció, en balística y en fotografía forense; y para señalar exactamente los preceptos de la Ley de Armas de Fuego en los que se prevén los delitos por los que acusó a Reyes Rodríguez De la Vega.
Entre sus pruebas destacó también un oficio emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el que se afirmó que el imputado no cuenta con permiso para portar o poseer armas y mucho menos pertenece a las Fuerzas Armadas del país como para justificar el hallazgo del Arsenal en su poder.
En los 5 meses que tiene la PGR para seguir investigando, los fiscales encargados del caso dijeron que solicitarán informes para averiguar si el imputado está relacionado con otros hechos delictivos, investigarán sus finanzas para conocer de dónde salieron los recursos para adquirir las armas y requerirán a Estados Unidos informes sobre las armas que en su mayoría provienen de dicho país, esto para determinar el origen y destino que tenían las mismas.
Los fiscales indicaron a la juez que, de acuerdo con la Sedena, las granadas incautadas son inestables y representan un riesgo latente por lo que el equipo de defensa del imputado fue exhortado para avisar a la PGR lo más pronto posible si ofrecerá alguna prueba relacionada con las mismas, de lo contrario serán destruidas conforme a lo establecido en la ley.
