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El Tribunal Federal de Justicia Administrativa anunció la creación de cinco Salas Anticorrupción y, ante la falta de designación de magistrados por parte del Senado de la República, habilitó una Sala Auxiliar que operará hasta que se hagan los nombramientos “para no incurrir en un indeseado escenario de denegación de la justicia”.
Especialistas en el tema aplaudieron la decisión del Pleno del TFJA y advirtieron que la falta de magistrados especializados, atribuible al Senado, pone en riesgo el correcto funcionamiento del sistema y puede provocar impunidad.
El TFJA informó que para cumplir con los tiempos establecidos por la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las cinco salas especializadas operarán como sede la Ciudad de México, Puebla, Guadalajara, Jalisco, y Torreón, Coahuila. A cada una de estas se les asignó un número específico de entidades sobre las que tendrán competencia.
Por el momento las salas no operarán hasta que los integrantes de la Cámara de Senadores designen a los magistrados correspondientes, lo que según la reforma constitucional que creó el SNA debía ocurrir antes del próximo 19 de julio, día de entrada en vigor de la ley general.
Para cumplir esa etapa se instalaron dentro de los tribunales en los estados las sedes donde atenderán los magistrados anticorrupción.
De manera temporal operará una Sala Auxiliar, con sede en la Décimotercera Sala Regional Metropolitana, que, sin dejar de atender los asuntos de su propio inventario, asuma la competencia en materia de responsabilidades administrativas graves, a partir del próximo martes.
Con la entrada en vigor del SNA, el Pleno de la Sala Superior del TFJA tendrá una Tercera Sección, que será la encargada de conocer los asuntos anticorrupción y cuyos integrantes aún no han sido designados por el Senado.
La Ley Orgánica del TFJA establece que, de manera temporal, el magistrado presidente, los presidentes de las otras dos secciones o alguno de los otros integrantes del Pleno suplirán a los integrantes de la Tercera Sección, por lo que serán ellos quienes conocerán los asuntos del SNA que deba resolver esta instancia.
En ese caso, los magistrados que quedarán a cargo son Alberto Machuca Aguirre, Carmelo Avelino Toscano y la magistrada presidenta Amalia Tecona Silva, quienes integra la Decimotercera Sala Regional Metropolitana.
Establecen sedes. En el artículo 11 de la Ley Orgánica del tribunal se establece el procedimiento que se siguió en el pleno para suplir el vacío que ha dejado hasta ahora la falta de acción del Senado.
El pleno del tribunal acordó que “si el Senado aún no aprueba a los magistrados propuestos, aquella se integrará en los términos previstos en la Ley Orgánica de este tribunal ante la ausencia de los titulares.
“Los magistrados de la Tercera Sección serán suplidos de manera temporal por el magistrado presidente, los presidentes de sección o por alguno de los magistrados del Pleno Jurisdiccional, en orden alfabético de sus apellidos”, indica la ley.
Las medidas adoptadas buscan evitar la denegación de justicia y el incumplimiento de los tiempos establecidos en la reforma del SNA. “Dado que todos los nombramientos aún no son aprobados por el Senado y ante la inminencia de la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción, el próximo día 19, la Junta de Gobierno y Administración considera conveniente iniciar el proceso de institución de las mencionadas Salas, utilizando la capacidad instalada del Tribunal, sus recursos humanos, técnicos y materiales, en beneficio de la sociedad y en contra de la corrupción.
“El propósito fundamental de las medidas adoptadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, radica en desplegar las atribuciones que su Ley Orgánica le otorga para no incurrir en un indeseado escenario de denegación de justicia”, señaló el organismo.
La Primera Sala estará ubicada en la Ciudad de México y resolverá los asuntos del Estado de México y Morelos; la Segunda Sala también estará en la capital y conocerá además asuntos de Guanajuato, Hidalgo y Querétaro.
La Tercera Sala Anticorrupción estará ubicada en Puebla y, además de tener competencia en esa entidad, abarcará Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.
En Guadalajara, Jalisco, se ubicará la Cuarta Sala Especializada y resolverá también asuntos de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora.
La Quinta Sala tendrá sede en Torreón, Coahuila, servirá a los estados de Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Durango, Tamaulipas y Zacatecas.
El modelo es bueno. El investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), José de Fernández de Cevallos, dijo que esto implica el riesgo de que se nulifiquen las actuaciones contra quienes cometen actos de corrupción. “Las autoridades sólo pueden actuar con facultades expresas, es decir, todo aquello que prevé la ley, pero si se exceden en eso incurren en actos viciados y susceptibles de nulidad”, explicó.
“Cuando a un abogado le llega un asunto, uno trata de ver todas las posibilidades de que tu cliente tenga la razón, y una de las defensas puede ser acusar de incompetencia a la autoridad, se seguirá entorpeciendo el proceso por una cosa que no es de fondo”, agregó.
El modelo de combate a la corrupción que existe en México es único en el mundo y bien implementado puede dar grandes resultados, lo grave es que los senadores continúen en falta al no designar a los magistrados especializados, consideró.
Con el jurista coincidió el profesor investigador de la Universidad Panamericana, José María Soberanes Díez, quien acusó que el Senado está provocando impunidad al no cumplir con los tiempos previamente establecidos en la creación del SNA.
“El riesgo más grande es la impunidad y eso es lo que está provocando el Senado, impunidad al no ponerse de acuerdo en estos nombramientos”, afirmó el especialista.
“Tuvieron un año para hacerlo y no sé por qué no lo han hecho pero esta falta de acuerdo se traduce en impunidad y es muy grave”.
José Guadalupe Perdomo Galicia, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad La Salle, destacó que se requiere voluntad política por parte del Senado de la República para cumplir con los mandatos establecidos en el SNA.
“Se trata de una decisión vertical donde todos suman su voluntad para lograr que esto avance. El Sistema Nacional Anticorrupción suena muy bonito y es muy agradable, hasta esperanzador, pero si no existe una verdadera voluntad entre la tríada que conforma nuestro sistema de gobierno de Estado, definitivamente no vamos a poder avanzar”, apuntó.
