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Es necesario que la portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército se incorpore al catálogo de delitos graves para que se investigue de oficio, afirmó Gualberto Ramírez, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Secuestro de la Procuraduría General de la República (PGR) durante su ponencia en el foro “El secuestro en México: Diálogos para su combate y prevención”.
“Se tiene que ampliar el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. Es complicadísimo que yo me encuentre a una persona con una cuerno de chivo, lo llevo y como no es un delito de prisión preventiva oficiosa, se le da la libertad”, comentó.
“Yo creo que el legislador tiene que tomar ese papel, porque las unidades de combate al secuestro tenemos puesta la camiseta, pero a dos probables responsables los han puesto a disposición dos veces con armas y las dos veces los han dejado en libertad. No necesitamos que empiecen a secuestrar para poderlos detener”, agregó el funcionario.
En el foro, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), se explicó que uno de los riesgos del nuevo Sistema Penal Acusatorio es que en muchas ocasiones, las personas son detenidas en portación de armas de alto poder, pero son liberadas y posteriormente, cuando se les convoca a audiencia, no se presentan.
“No hay prisión preventiva y lo dejan ir, sujeto a proceso desde luego, pero cuando tenga que presentarse a la audiencia no va a ir y se vuelve a armar. Un ciudadano común no trae AK-47 en su automóvil. La petición es muy particular: que sea prisión preventiva oficiosa la portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Hay normas jurídicas que podemos modificar, porque hace que en ocasiones, las instituciones no puedan ser lo eficaces que podrían”, explicó el académico Rafael Ruiz Mena.
El funcionario de la PGR señaló que otra de las trabas que presenta el nuevo sistema, es que para hacer dictámenes de voz se le tiene que pedir su autorización a los probables responsables para tomar una muestra y confrontarla con las llamadas.
“Así lo establece el código, yo creo que eso sería parte de una reforma, porque finalmente es parte de un dato de identificación. El juez me dice: tómele la muestra, pero no hay un procedimiento establecido y hay personas que se me han negado”, dijo.
Opina que “falta mucho por hacer”, puesto que existe un déficit de agentes del Ministerio Público y detalló que existe una coordinación con la Policía Federal Ministerial y con la Coordinación Nacional de Seguridad.
Ennumeró que se atiende 30% de los secuestros en el país, mientras que 70% lo hacen las unidades de combate al plagio.
La coordinadora Nacional Antisecuestro, Patricia Bugarín, indicó que las personas que han estado inmiscuidas en autosecuestros, que hasta el momento suman 15 en lo que va del año, son jóvenes entre los 19 y 35 años que todavía viven con sus padres y dependen económicamente de ellos, por lo que buscan hacerse de dinero a través de engaños y hacer pensar que sus vidas están en riesgo.
