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justiciaysociedad@eluniversal.com.mx
Reporteros de Michoacán y familiares de Salvador Adame, director de Canal 6TV en esa entidad, plagiado el pasado 18 de mayo, acudieron con autoridades federales para exigir justicia y que las agresiones a periodistas se incluyan en el Código Penal Federal.
Durante un recorrido en la Ciudad de México, una comisión de periodistas de Michoacán, que el pasado miércoles presentaron una denuncia colectiva en su calidad de víctimas indirectas de la desaparición de Adame Pardo, acudió a la Procuraduría General de la República, el Senado y la Cámara de Diputados.
Frida Urtiz, esposa de Salvador Adame, también formó parte del contingente y comentó que, como informó EL UNIVERSAL, el miércoles pasado la PGR se reunió con ella y le indicó que la principal línea de investigación sobre la desaparición de su esposo es su trabajo periodístico relacionado con la amenaza del crimen organizado en el estado de Michoacán.
“Ayer tuvimos una reunión, por primera vez desde la desaparición de mi marido, con autoridades de PGR donde estuvo presente Roberto Campa y se me informó que la principal línea de investigación es su actividad periodística.
“En cambio, en la Procuraduría estatal dicen que se trató de un lío de faldas; eso no es cierto, por eso vengo a exigir la aparición con vida de mi marido”, dijo Frida Urtiz.
En la Cámara Alta, la senadora Angélica de la Peña recibió al contingente y firmó el acuse de un oficio en el que solicitaron que las agresiones a periodistas sean consideradas como delito en el Código Penal Federal.
Sobre el tema, la legisladora llamó a que la Cámara de Diputados, en un periodo extraordinario de sesiones, apruebe la minuta de Ley General de Desaparición Forzada, la cual es aplicable a casos de desaparición como la de Salvador Adame.
La Ley de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares es de naturaleza penal, y estará vigente en todo el país, dijo de la Peña Gómez.
Los familiares de los normalistas aprovecharon para solicitar a la legis- ladora que interceda ante el gobierno de Michoacán, encabezado por Silvano Aureoles, que no revictimice a Salvador Adame y su familia y que investigue su desaparición desde la perspectiva de su actividad periodística.
“En Michoacán el ejercicio periodístico tiene una multiplicidad de vulneraciones, por un lado es la inseguridad provocada por la delincuencia organizada y por otro, el Estado y, finalmente, las propias empresas mediáticas que no dan condiciones laborales adecuadas, falta de pago en los salarios, entre otras”, dijo Patricia Monreal, reportera en Michoacán y vocera del contingente.