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Por el delito contra la salud en su modalidad de colaboración, la justicia militar condenó a ocho elementos a 26 años y tres meses de prisión; la defensa apelará en los siguientes cinco días hábiles ante el Tribunal Superior Militar.
Luego de más de 60 horas de audiencia en el Consejo de Guerra, el juzgado primero militar adscrito a la primera región militar estimó que había elementos suficientes para sentenciar a los militares, destituirlos del cargo y pagar una multa de 15 mil pesos, por lo que permanecerán en el penal federal de Villa Aldama, Veracruz.
Los sentenciados son los tenientes de infantería, Javier Rodríguez Aburto, Marcos Augusto Pérez Cisneros; los subtenientes Carlos Miguel Gallardo Ibarra y Edgar valencia Cárdenas; el cabo Pedro Montes Vázquez y el soldado Omar Alejandro Martínez.
Se trata de un grupo 16 militares detenidos el 13 de marzo de 2011, pertenecientes al 69 Batallón de Infantería en Saltillo, Coahuila, por colaborar presuntamente con la organización criminal de Los Zetas.
En su resolución, el consejo de guerra absolvió al teniente Julián Castilla Flores por delincuencia organizada y delitos contra la salud, por lo que ordenó su inmediata libertad.
En el caso de Castilla Flores -quién de Coahuila pidió su cambio o Chiapas donde fue detenido- la defensa logró comprobar que no formaba parte de esa presunta red que proporcionaba información a Los Zetas de los operativos que realizaban.
Los siete restantes que no fueron a Consejo de Guerra, porque buscaron la vía del amparo, esperan que a finales del año estén siendo juzgados.
Durante el proceso a los ocho militares el teniente de infantería, Sócrates Humberto López Escobar y el subteniente de infantería, Francisco Javier Soto Núñez; se informó que ellos cuentan con un protocolo de estambul practicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que acreditó que hubo actos de tortura al momento de su detención.
En el caso de los 8 sentenciados peritos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizaron pruebas en las que se acreditó la existencia de supuestos actos de tortura en su contra para declararse como parte de la red que sostenía relaciones con Los Zetas, pero no fue suficiente para que el juzgador desestimara la acusación y emitió la sentencia en su contra.
