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alberto.morales@eluniversal.com.mx
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña (PRD), afirmó que la protección de las garantías de los mexicanos en Estados Unidos, quienes podrían ser deportados de la Unión Americana tras la toma de protesta de Donald Trump, debe ser uno de los temas prioritarios de la agenda nacional.
Aseguró que es preocupante que las acciones emprendidas por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sean insuficientes, porque la Cancillería no está a la altura de las circunstancias y minimiza las condiciones tan adversas de los connacionales.
Informó que en la Cámara Alta se ha conformado un grupo de trabajo para discutir las medidas de protección y acogimiento necesarias y exigir al gobierno federal la implementación de acciones concretas e inmediatas.
Desde el primer momento en que Trump sea mandatario, explicó la legisladora, la política migratoria de Estados Unidos comenzará a materializar las amenazas que como candidato lanzó contra los mexicanos.
“Sería insensato pensar lo contrario, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es prepararnos para enfrentar los peores escenarios”, señaló.
Para la senadora esa estrategia no debe esperar a que las autoridades estadounidenses inicien una cacería de inmigrantes mexicanos.
La legisladora afirmó que el Senado debe cumplir su responsabilidad constitucional como supervisor de la política exterior del Estado mexicano y participar en la estrategia a implementar por el gobierno federal para la defensa legal de los derechos humanos de los connacionales que viven en la Unión Americana.
En cuanto a las miles de familias que podrían ser separadas por una deportación masiva e inmediata, la senadora afirmó: “Se agotarán todos los recursos legales, incluso recurriendo a organismos internacionales, para proteger los derechos de miles de niños y adolescentes nacidos en Estados Unidos e impedir que sean alejados de sus madres y padres”.
La legisladora externó que también se solicitará al gobierno federal la implementación de un programa de asesoría para proteger el patrimonio de los connacionales que pudieran ser deportados, puesto que la amenaza de la confiscación se cierne sobre propiedades, negocios y ahorros.
De la Peña dijo que no solamente deben preocupar y ocupar al Estado mexicano las deportaciones masivas de connacionales, “también debemos revisar la política de migración de nuestro país. Nada va a detener a los migrantes de Centroamérica”.
