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El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jan Jarab, afirmó que “si algo hemos aprendido en estos diez años de la militarización de la lucha contra el crimen organizado en México, es que “una forma de ilegalidad por parte de la delincuencia no se supera permitiendo la ilegalidad por parte del Estado, porque ocurre que se normalizan las cosas que nunca deben de normalizarse: la tortura y la desaparición”.
En su mensaje durante la presentación del informe 2009-2016 “Desapariciones en Nuevo León, desde la mirada de Cadhac”, señaló el representante de la ONU, “hemos visto en los últimos diez años que la militarización del combate a la delincuencia, no trajo mayor seguridad, pero sí trajo muchas más violaciones a los derechos humanos, desapariciones, tortura, ejecuciones extrajudiciales”.
Afirmó que el Estado mexicano, al enfrentar la delincuencia, parece que oscila entre dos políticas muy problemáticas, “una de indiferencia y otra de mano dura que tampoco resuelve la situación”. Llamó a romper con la normalización de las desapariciones, la impunidad, la falta de solidaridad y evitar la revictimización de los familiares.
Llamó al gobierno actual de Nuevo León a continuar el esfuerzo que se venía realizando en la Procuraduría para la búsqueda de desaparecidos y ofreció acompañar a las familias y activistas, “con presión política si es necesario”.
El funcionario de la ONU, señaló que México vive una crisis de desapariciones, ante lo cual sugirió diez puntos para enfrentar el problema: primero, reconocer la dimensión de la problemática, para su solución, porque hay autoridades que intentan minimizar el problema.
Asimismo, desarrollar políticas de prevención, investigar diligentemente para poner fin a la impunidad, garantizar el acceso efectivo a la justicia, agotar medidas para la búsqueda, rápida, que permita encontrar con vida a las víctimas.
Proteger de manera especializada a las víctimas, con enfoque de género, y poner especial atención a personas vulnerables como los niños; llevar registros efectivos de detención, regular el uso de la fuerza de conformidad con los más altos estándares internacionales, capacitar e independizar los servicios médicos forenses, porque dura mucho la identificación de restos humanos.
A su vez, Emilio Álvarez Icaza, ex-secretario General Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, comentó que se reunieron con familiares de desaparecidos, quienes les pidieron ser su voz porque el gobierno estatal no ayuda a las víctimas y al principio de su gestión, Jaime Rodríguez declaró que los desaparecidos “en algo andarían”, y después los convocó a una reunión, que fue más bien un monólogo, y les dijo que no se iba a disculpar “porque es lo que pienso”.
“Es mentira que haya un compromiso, y en las dos veces que hemos tenido reuniones con la Procuraduría, el mismo procurador (Roberto Flores) no ha dado la cara, no se ha sentado con nosotros”, mientras las investigaciones se han estancado, “estamos casi como empezamos, se ha retrocedido mucho”, frente a lo alcanzado durante la anterior administración.
También comentaron que tienen exhortos a otros estados para buscar a sus familiares, pero no responden. “Con Coahuila, estamos esperando respuesta todo el año, a Tamaulipas, pedimos que buscaran en los reclusorios y hasta la fecha no han contestado”.
“La colaboración entre autoridades está muy lenta, para nosotros todo es muy tardado, el tiempo pasa y es peor”, dijo un familiar, otro señaló: “Yo he hecho dos exhortos para pedirles que me apoyen para buscar a mi hijo, que por medio de ADN nos reporten qué paso, pero de 32 estados, solo diez respondieron; mi hijo tiene una enfermedad, pedí que lo buscaran en hospitales y reclusorios, de 32 estados sólo hay una respuesta”.
Eso fue hace media hora, no estamos hablando de la administración anterior, de Rodrigo Medina, ni de Felipe Calderón, no quiero poner mis palabras, es lo que dijeron las señoras. “Se tiene que entender que la mejor manera de gobernar es atendiendo a la gente”, expresó Álvarez Icaza.
En su mensaje ante unas 200 personas, entre invitados y familiares de víctimas de desaparición, Álvarez Icaza Longoria, expresó que el informe de Cadhac, documenta un esfuerzo que probablemente sea la mejor práctica en el país, “de una historia que nunca debió haber existido, no tendrían por qué estar estos carteles aquí haciendo presentes a quienes están desaparecidos, las madres cargando las fotos de sus hijos, de sus esposos, de sus hermanos”.
Algunos casos, agregó, son homicidios cometidos por marinos, por militares, por policías. “Este fenómeno lamentablemente brotó brutalmente en Nuevo León y en otras partes del país”, y es doblemente grave que la autoridad cometa delitos. “No es que en algo andaban, no jodan, andaban viviendo, y aunque hubiera sido el caso, el Estado no es la jungla de salvajismo, para eso hay leyes e instituciones. Permitirlo sería la legitimación de la venganza como forma de convivencia”.
Alvarez Icaza, quien participó en diez reuniones acompañando a familiares de víctimas de desaparición, en el sexenio anterior, recordó que muchas veces ellos tenían más información que la Procuraduría, hasta que se formaron grupos especiales que incluso recibieron capacitación de organismos internacionales.
"Esa falta de compromiso o de medios para buscar a los desaparecidos, ocurre en todo México, la capacidad de respuesta está muy por debajo de lo que se requiere, y dicen que no hay recursos.”
“Esta es una miseria de democracia, no puede ser. Tiene que adaptarse a las prioridades de la gente”, señaló.
