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alberto.morales@eluniversal.com.mx
La senadora Iris Vianey Mendoza (PRD) propuso una iniciativa con reformas a 23 ordenamientos para asegurar la adecuada instrumentación y efectividad en la atención a las víctimas de violencia en el país.
“Con esta reforma se pretende subsanar la ausencia de atención estructural a las víctimas de la violencia, de desaparición, de desplazamiento forzado, de tortura, abuso sexual, a las de feminicidios y a las de homicidios dolosos”, dijo la legisladora.
La propuesta plantea , entre otras cosas, modificar la legislación de los institutos nacionales de salud: la Ley General de Salud, la Ley del Seguro Social, la del ISSSTE y la de seguridad social de las Fuerzas Armadas, con el fin de proteger los derechos a la salud y a la seguridad social.
La senadora por Michoacán explicó que la adecuación de esos ordenamientos permitirá fortalecer su contenido en materia de la protección integral de los derechos de las víctimas en el país.
“Trabajar en cada una de las leyes y códigos que se propone reformar no es un ejercicio legislativo ocioso, pues corresponde a las mil y una situaciones reales que viven las víctimas de violencia en nuestro país”, aseguró.
Al fundamentar su propuesta, la legisladora perredista destacó la necesidad de implementar políticas para la atención a víctimas de delitos, así como medidas especiales para erradicar la violencia de género en las dependencias y entidades de los tres órganos de gobierno.
“La miscelánea que se presenta permitirá ser muy claros en la distribución de responsabilidades y competencias de los distintos sectores de gobierno y también de los órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Inai, en torno a las obligaciones del Estado para cumplir los derechos que se generan en cuanto a verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición”, señaló.
La senadora perredista agregó que se promueve reformar las leyes de Educación, de Desarrollo Social, de Vivienda, de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, a fin de generar una política pública en el ámbito social que pueda proveer de las bases para recuperación de condiciones dignas de vida a los familiares de las víctimas.
Se incorpora una reforma a la ley sanitaria para combatir inhumaciones oficiales con irregularidades o clandestinas, penalizar la eliminación completa de los seres humanos, así como y regular procedimientos dignos para personas fallecidas sin identificar.
Mendoza también propuso reformar las leyes generales de Transparencia y de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, “porque la información sobre tarjetas bancarias, de teléfonos móviles, de huellas digitales, puede hacer la diferencia entre la vida o la muerte”.
