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La Procuraduría General de la República (PGR) reorientará la investigación de Nochixtlán, a fin de tener como base los estándares internacionales en materia de derechos humanos para que nadie sea revictimizado y se esclarezcan los hechos del 19 de junio.
El procurador Raúl Cervantes Andrade se reunió con integrantes del Comité de Víctimas por la Justicia y la Verdad 19 de Junio Nochixtlán, donde el compromiso fue que el respeto a los derechos humanos sea el centro de la investigación.
En la entrevista, en la que estuvieron presentes el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, y los abogados Maurilio Santiago Reyes y Juan Antonio Araujo, se acordó que es necesario que las investigaciones se realicen bajo el nuevo paradigma de justicia penal acusatorio.
En un comunicado, el comité aseguró que el titular de la PGR se comprometió a analizar los 12 puntos sugeridos por las víctimas respecto a la investigación y su procedimiento.
“Los representantes jurídicos de las víctimas dijeron que el cambio en la investigación permitirá que sus representados no sean hostigados o perseguidos, es decir, criminalizados, además de que la indagatoria ahora estará apegada a los estándares de derechos humanos”, indicaron.
En el documento señalaron que al finalizar la reunión, los representantes del Comité de Víctimas por la Justicia y la Verdad 19 de Junio Nochixtlán exigieron al procurador General de la República, comprometerse a modificar el modelo de intervención jurídica, “puesto que es necesario que el proceso de investigación esté apegado a los más altos estándares de derechos humanos, a fin de garantizar justicia y verdad”.
La PGR realiza las pruebas necesarias en servicios periciales de 89 armas de fuego de los policías que se encontraban el 19 de junio en Nochixtlán para el desalojo, entre ellos Gendarmería y policías estatales.
Tiene 32 carpetas de investigación abiertas por las lesiones que sufrieron los policías federales durante el desalojo, así como por daños a las vías de comunicación.
El informe que presentaron las fuerzas federales ante legisladores indica que el primer grupo de policías no portaban armas de fuego y fue hasta que los civiles dispararon cuando llegó un segundo grupo con las armas.
Testimonios de pobladores que estuvieron el 19 de junio durante el enfrentamiento con policías, que dejó un saldo de ocho civiles muertos y más de 100 heridos, señalan que los uniformados no aplicaron los protocolos para darles tiempo de desalojar la autopista Puebla-Oaxaca.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) atendió a los afectados y reembolsó a 81 familias los gastos médicos y funerarios por medio del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
De acuerdo con la defensa de las víctimas se tiene pendiente presentar 60 denuncias por lesiones de arma de fuego en contra de mandos de las policías Federal y de Oaxaca que ordenaron el desalojo del 19 de junio.
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