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El gobierno mexicano ha rechazado hacer pública una revisión interna que concluyó que investigadores violaron la ley en su búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, hallazgo que amenaza los fundamentos legales de un caso que ha marcado a México, informó el diario estadounidense The New York Times.
El reporte señala que los principales sospechosos fueron detenidos y trasladados ilegalmente, cuestionando así cualquier evidencia que estos hayan podido proporcionar.
El comportamiento de los investigadores, según el informe, violaba “el derecho a la verdad” y dañaba el derecho a la justicia de las víctimas.
En respuesta, la PGR informó que los documentos a los que se refiere se tratan de un proyecto y no de un documento oficial.
“Cualquier documento que pudiera existir y que se hubiese difundido por medios no oficiales, en el que se hagan referencias a las evaluaciones practicadas sobre expedientes relacionados con la desaparición de los estudiantes normalistas, en tanto no sea debidamente formalizado se trata de un simple proyecto con el carácter de consideraciones en estudio, que carecen del rango de resolución formal”, informó a través de un comunicado de prensa.
Precisó que la Visitaduría General es un órgano de la dependencia que ejerce las facultades de evaluación técnico-jurídica, supervisión, inspección, fiscalización y control de los agentes del Ministerio Público de la Federación, de la Policía Federal Ministerial, oficiales ministeriales, peritos y demás servidores públicos de la institución.
Según el diario estadounidense, el reporte interno proporciona la primera evidencia desde el interior de la Procuraduría General de la República (PGR), que muestra cómo el caso fue mal manejado.
El informe, de 177 páginas, concluyó hace cuatro meses, y los padres de los estudiantes desaparecidos esperaban recibirlo durante su reunión con la entonces procuradora Arely Gómez, el pasado 18 de agosto.
Sin embargo, el inspector general de la PGR les dijo que sus superiores necesitaban aprobar el informe primero, lo que catalogó como “una simple formalidad”, pero nunca se dio.
El informe aún está en estudio, informó la PGR, sin detallar cuándo llegaría a su fin dicha evaluación.
César Alejandro Chávez Flores, el inspector general que preparó el informe, incluso renunció un mes antes de la reunión en agosto entre los padres de los normalistas y la procuradora.
Según el NYT, que obtuvo una copia del informe, el documento enlista una serie de violaciones, incluyendo una ocasión en la que el entonces director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, hizo un recorrido a la presunta escena del crimen con uno de los sospechosos, esposado y sin su abogado defensor.
