Más Información
“No le importó que yo sea su hermana”; víctima narra presunto intento de violación por Cuauhtémoc Blanco
Designan por unanimidad a Edgar Antonio Maldonado como nuevo fiscal de Morelos; estará en el cargo por 9 años
Zar fronterizo de EU no descarta uso del ejército contra cárteles mexicanos; Trump "tiene la capacidad de borrarlos de la faz de la Tierra"
Valentina, víctima de Marianne Gonzaga, se encuentra en estado delicado, asegura abogado; familia pide que caso no quede impune
“Trump es un AMLO a la octava potencia”: Chavo del Toro; Sheinbaum sabrá cómo domarlo, dice el cartonista
Remueven a Uriel Carmona como fiscal de Morelos; es acusado de obstrucción de justicia, encubrimiento por favorecimiento y tortura
La única Constitución en el mundo que trata discriminatoriamente a los operadores del sistema de justicia es la mexicana, enfatizó el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia.
Durante la Novena Sesión Extraordinaria del Consejo Federal de Desarrollo Policial, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) aprobó un proyecto que será enviado al Congreso de la Unión para buscar que sea reformado el segundo párrafo de la fracción XIII, Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución que impide la reinstalación de policías, peritos o agentes ministeriales, aún y cuando hubieran demostrado su inocencia tras un proceso penal.
“No es posible que el artículo 21 Constitucional le encargue al Ministerio Público y a los policías una labor tan delicada como es la investigación o prevención del delito, pero más adelante, en el artículo 123 apartado B, fracción XIII, diga no confío en ustedes o confío menos en ustedes”, enfatizó Sales Heredia.
En su oportunidad, el comisionado general de la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto mencionó que el proyecto que presentarán es un asunto de trascendencia nacional en virtud de que ventila un acto de justicia y equidad, al proponer que los elementos que demostraron su inocencia puedan ser reinstalados, siempre y cuando no hayan sido sancionados por un delito doloso o grave.
“Esta decisión atendía inicialmente al incuestionable interés de remover a los malos elementos que hubieran incumplido con los principios constitucionales y legales a que está sujeto su actuar como servidor público, sin embargo, en la práctica y a la luz de la experiencia, pudiera considerarse como una decisión que estigmatiza y afecta los esfuerzos por la dignificación de la función policial”, dijo.