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Los elementos de la Policía Federal (PF) que hayan sido víctima de algún delito en el combate al crimen organizado, recibirán la atención y posible reparación del daño de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), informó esta dependencia en un comunicado.
Según la información oficial difundida a medios, el comisionado Adrián Franco Zevada dio a conocer que tras la reunión que tuvo el jueves pasado con miembros de la Comisión Nacional de Seguridad, se acordó continuar con dichos beneficios a integrantes de cuerpos policiacos federales y a sus familiares que resulten afectados.
El acuerdo derivó del encuentro celebrado en las instalaciones del Centro de Mando de la PF.
Franco Zevada destacó que la atención a personal de la PF obedece a que en el cumplimiento de su labor se convierten en víctimas del delito a manos de la delincuencia organizada y que no debe haber distinción entre un ciudadano y miembros de una corporación policial en estos casos, por lo que es tarea apoyarlos como a cualquier otra persona en la protección total de sus derechos.
El comisionado reiteró que en esta nueva etapa de la CEAV, que preside Julio Hernández Barros, la tarea primordial es atender integralmente a todas las víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos, con el propósito de ayudarlas a obtener reparación integral y recuperar su proyecto de vida.
Un ejemplo en el que se podría aplicar la asistencia es el caso Tanhuato, Michoacán, donde el 22 de mayo de 2015 un elemento de la Policía Federal murió por herida de bala durante el enfrentamiento que se registró en el rancho El Sol, y que dejó como saldo 42 civiles muertos, presuntos integrantes de la organización criminal Cártel Jalisco Nueva Generación.
Aunque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que, con base en sus investigaciones, 22 de estas personas fueron ejecutadas.
Poco antes, el 1 de mayo, un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana fue derribado con un lanzacohetes por presuntos sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación, en los límites de Jalisco y Colima, ataque en el que fallecieron nueve uniformados, entre ellos una agente de la Policía Federal y ocho soldados. Otro elemento de la corporación resultó herido.
El 19 de marzo del mismo año, en Ocotlán, Jalisco, cinco agentes federales perdieron la vida en una emboscada del mismo grupo criminal.
