Más Información
justiciaysociedad@eluniversal.com.mx
Tixtla.— En el kilómetro 14 de la carretera nacional Chilpancingo-Chilapa, en el municipio de Tixtla, Guerrero, la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos no sólo enfrenta la historia de olvido sufrida por las autoridades, también la ola de violencia e inseguridad generada por la disputa entre las organizaciones criminales.
Los Ardillos, Los Rojos y Guerreros Unidos —este último relacionado con la desaparición de 43 normalistas— pelean ese corredor al igual que hace dos años.
Semillero de luchadores sociales y no de guerrilleros —advierten algunos estudiantes—, la escuela y sus 431 alumnos se aferran a no ser olvidados y mantienen la fe en que algún día regresen con vida sus 43 compañeros. Defienden sus ideales plasmados en sus murales, como lo hiciera Lucio Cabañas, el denominado guerrillero de los años 70, quien se formó en esa misma escuela.
La normal rural se mantiene igual que desde el 26 de septiembre de 2014, con carencias, hacinamiento en los dormitorios, edificios viejos y salitrosos, aun y cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en 2012 por violaciones graves a los derechos humanos, dirigida al gobierno estatal, para garantizar una estancia digna.
En enero de ese año la CNDH visitó la normal y constató que no se cumplían los requisitos de higiene y salubridad que permiten la existencia de un ambiente digno y decoroso para el ejercicio efectivo de los derechos a la educación, protección a la salud, vivienda y desarrollo. Estas medidas no se han cumplido.
La forma de operar, de manifestación-retención, de vehículos-negociación, continúa por parte de los normalistas. Durante un recorrido que realizó EL UNIVERSAL, se observó que cuatro unidades de Coppel, Marinela y Bimbo siguen retenidas y ocultas en Ayotzinapa.
“No queda de otra”, dicen, el presupuesto asignado es tan bajo que tienen que botear para conseguir recursos porque los 50 pesos que reciben como beca por día no alcanzan para hacer tres comidas. Tienen que buscar la forma de sobrevivir.
Las paredes de los edificios viejos son lienzos para los alumnos: “Somos la dignidad rebelde”, se puede leer en uno de los murales con la imagen del subcomandante Marcos. En otros están los rostros de Emiliano Zapata, Genaro Vázquez, Ernesto Che Guevara, Marx, Engels, Lenin... y reclamos sociales; el más reciente, la desaparición de los 43 estudiantes.
En espacios de cuatro por tres y medio metros que miden los dormitorios, viven hacinados entre cuatro y hasta cinco normalistas; incluso hay casos de hasta ocho jóvenes por cuarto. Frente al edificio viejo fue demolido otro para levantar uno nuevo que prometía mejores espacios, pero el proyecto se quedó en los cimientos.
La situación precaria la reconoce el director de la normal, José Luis Hernández Rivera, quien al principio de la investigación fue señalado por uno de los presuntos implicados en la desaparición, Felipe Rodríguez El Cepillo, como la persona que recibió dinero de Los Rojos para que estudiantes acudieran a la plaza pública de Iguala el 26 de septiembre de 2014 a realizar disturbios durante el informe de María de los Ángeles Pineda, esposa del entonces alcalde y titular del DIF local.
En enero, Hernández Rivera dejará el cargo y exige justicia para sus alumnos. En la etapa final de su administración, lo que pudo conseguir fue un presupuesto de 50 millones de pesos por parte del gobierno federal para la construcción de tres nuevos edificios, uno con 56 dormitorios y dos con 20 aulas.
“Hay dormitorios con tres alumnos, otros con cinco, en otros hasta ocho alumnos se quedan; cada dormitorio debe ser para dos estudiantes. El problema es que los jóvenes están hacinados. Con el nuevo edificio esperamos que se resuelva prácticamente el problema”, afirma.
Más que por la infraestructura, su administración quedó marcada por un hecho que “deja triste a todos”. Desde su oficina, asegura que no tienen nada que ver con Los Rojos y que se presentó a la PGR en dos ocasiones para declarar. Agrega que al igual que todas las normales rurales del país, en sus aulas se forman “hombres de lucha”.
Los pasillos lucen sin vida; los estudiantes intentan seguir, pero saben que están incompletos; no es lo mismo desde hace dos años. La violencia en la región no cede ni tampoco el movimiento de los padres que hicieron de Ayotzinapa su cuartel. Con el apoyo los alumnos, no pierden la esperanza de que sus hijos regresen.
El grupo de tercer año está inconcluso, sólo quedan 77 alumnos. A más de 700 días de ausencia, las 43 butacas permanecen en el patio central. En otro punto de la normal se aprecia una placa con los nombres de los normalistas fallecidos. “A nuestros compañeros caídos... La única lucha perdida es la que se abandona”, se lee.
