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El titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, hizo un llamado a las autoridades federales de seguridad, a secretarios de Seguridad Pública estatales y a gobernadores del país para evaluar el entrenamiento de los policías para que puedan actuar con apego a la ley.
Durante la Conferencia Nacional de secretarios de Seguridad Pública y del Sistema Penitenciario, el comisionado refrendó el compromiso de respeto, la promoción y la protección de los derechos humanos por parte de la CNS y sus órganos desconcentrados, entre ellos la Policía Federal y los servicios penitenciarios.
“México requiere de las y los mejores hombres y mujeres para tener a policías, guardas y custodios que merecen los ciudadanos: elementos profesionales entregados a su trabajo, dispuestos a comprometer su seguridad para salvar una vida y para defender las libertades y los derechos de las personas”, añadió.
Sales Heredia aprovechó para hacer un llamado a la ciudadanía para que se valore el trabajo de los policías, quienes sacrifican el tiempo con sus familias y muchas veces exponen sus vidas en cumplimiento de su deber.
Solicitó que aquello que se exige a los uniformados debe ser correspondido en la misma medida.
“Es nuestro deber investigar y des-lindar responsabilidades y, en su caso, sancionar aquellas conductas distintas, diversas a las que exigen protocolos, leyes y reglamentos, pero también es imperativo respaldar a nuestros elementos, a nuestros policías, insisto, a nuestros guardas y custodios, a quienes les pedimos que expongan cotidianamente su vida, su integridad para proteger los derechos de la ciudadanía”, destacó el comisionado.
Al evento acudieron representantes de diversos organismos civiles, entre ellos Saskia Niño de Rivera Cover, de la organización Reinserta un Mexicano; María Elena Morera Mitre, de Causa en Común; Carlos Mendoza Mora, de México Unido Contra la Delincuencia; Isabel Miranda de Wallace, de Alto al Secuestro y Orlando Camacho Nacenta, de la fundación México SOS.
Investigación, en curso. El pasado 19 de junio se registró un enfrentamiento entre elementos de la Policía Federal, policías estatales de Oaxaca, vecinos y maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), cuando los uniformados pretendían abrir una carretera que había sido bloqueada por la disidencia magisterial en Nochixtlán, en el estado de Oaxaca.
El saldo fue de al menos ocho civiles muertos, siete de ellos por disparo de arma de fuego, y más de 100 personas heridas de ambos bandos, entre ellas tres federales y dos estatales con lesiones de bala; sin embargo, ninguno de los occisos pertenecía al magisterio.
A los elementos de la Policía Federal se les investiga por presunto abuso de autoridad al usar armas de fuego en contra de los manifestantes, quienes los atacaron con cohetones, piedras, palos y machetes.
Otra versión indica que personas ajenas a ambos bandos realizaron los disparos. La Procuraduría General de la República (PGR) inició al menos 27 carpetas de investigación con el objetivo de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.
