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Aunque la defensa de ocho policías federales detenidos por su probable participación en la evasión de Joaquín El Chapo Guzmán del penal de El Altiplano asegura que sus clientes podrían recobrar su libertad a más tardar el jueves, el juez federal podría dictar de nuevo el auto de formal prisión con los elementos que aportó la Procuraduría General de la República (PGR).
En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el abogado Alberto de la Cruz informó que el juez Quinto del Tribunal Unitario ordenó la reposición del procedimiento al juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México al encontrar violaciones al debido proceso; sin embargo, eso no implica que el impartidor de justicia pueda dictar el auto de libertad.
“Sí existe la posibilidad de que el juez considere lo pertinente. Tenemos una ventaja en esa resolución donde dice la magistrada del Quinto Tribunal Unitario que para evitar violaciones al artículo 17 de la Constitución las pruebas que fueron desahogadas se quedan intactas”, explicó De la Cruz.
Comentó que el juez de la causa tiene conocimiento de esos elementos, “más los que estamos incorporando dentro de este nuevo plazo constitucional en donde esperamos que su consideración sea diferente”.
La defensa de los policías presentes en El Altiplano el 11 de julio de 2015, cuando se registró la fuga del narcotraficante, señaló que la resolución de reponer el procedimiento prácticamente da la razón de dejarlos libres; no obstante, ello dependerá el juez y de las pruebas aportadas.
“Si se dicta la libertad estaría bajo las reservas de ley y, en este caso, las pruebas quedarían como tal aportadas por el Ministerio Público pero no suficientes para sujetarlos a un proceso”.
Faltó notificación. A decir del defensor, a los policías federales no se les informó claramente quién hacía la imputación ni de las pruebas aportadas por el Ministerio Público de la Federación “dentro del material probatorio que les fue leído no está especificado cuál de ellos es de cargo para poder combatirlo”.
El 16 de septiembre de 2015, el juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México libró orden de aprehensión por el delito de evasión de presos en la hipótesis de cuando el detenido está siendo procesado por la comisión del delito contra la salud a 13 personas, entre ellas Celina Oseguera Parra, ex coordinadora General de los Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; el ex director General del penal, Valentín Cárdenas Lerma, y ocho monitoristas del centro de control.
El 23 de septiembre de 2015 se dictó auto de formal prisión contra cuatro monitoristas de la Policía Federal comisionados al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 El Altiplano, en el Estado de México.
El 24 de septiembre de 2015 se dictaron los restantes autos de formal prisión contra cuatro monitoristas de la Policía Federal, determinación a la que llegó el juez al considerar que los servidores públicos dentro de sus respectivas funciones o cargos incurrieron en omisiones que favorecieron a la fuga de Joaquín Guzmán Loera.
