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México posee el sistema más robusto de instituciones públicas en materia de garantías individuales del continente. Sin embargo, también es el más denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirmó Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo del organismo.
Al impartir la conferencia magistral “La situación de los derechos humanos y la respuesta de la sociedad organizada en México”, en la UNAM, destacó que hay 32 organismos públicos y una institución nacional en el rubro, a los que se destina un presupuesto anual de 200 millones de dólares. “Entonces, ¿por qué la gente no acude a estas instancias? Eso es parte de lo que debemos discutir”, planteó.
“En los últimos tres lustros, el país ha estado expuesto a un escrutinio internacional en el renglón, pero no podemos esperar que de esto emanen respuestas, porque para ello es preciso cumplir las recomendaciones. Si no lo hacemos, el escenario se agravará. Uno de los desafíos es instrumentar una política pública relativa a niveles federal, estatal y municipal”, aseveró.
Si bien, indicó, en el primer ámbito hay avances, aún existen entidades que no han modificado sus leyes, y en los municipios el panorama es peor, dijo al participar en el Programa en Investigación Ciudades, Gestión, Territorio y Ambiente, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades.
“En esencia, las imputaciones formuladas a la CIDH tienen tres procedencias: la sociedad civil, abogados litigantes y personas en lo individual. En 2015 se presentaron mil 164 peticiones de los 35 Estados miembros, y de éstas, 849 fueron de México”, reveló.
“Eso puede interpretarse de dos maneras: que los distintos actores tienen condición para ejercer sus derechos, los conocen, denuncian violaciones y encuentran en la entidad referida una instancia para resolverlos, o que esta cifra es el reflejo de una crisis en ascenso, es decir, que a falta de respuestas a nivel interno se acude a ámbitos externos”, dijo.
Habló de las medidas cautelares de la CIDH, que describió como un sistema de emergencia de protección inmediata donde no se juzga, sino que se le dice a la autoridad qué hacer para evitar vejaciones mayores.
