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El que fuera el principal operador de Joaquín El Chapo Guzmán Loera en Ciudad Juárez, Chihuahua, José Antonio Torres Marrufo El Tigre ha logrado frenar su extradición a Estados Unidos por dos años y medio, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votará un proyecto de resolución que pondría fin a su estancia en México si es aprobado.
Detenido el 3 de febrero de 2012 en la ciudad de León, Guanajuato, Torres Marrufo El Tigre es considerado fundador del grupo de sicarios conocido como Gente Nueva y desde el 5 de diciembre de 2013, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió el acuerdo para conceder su extradición a Estados Unidos.
El Tigre logró frenar su traslado a territorio estadounidense mediante un juicio de amparo presentado el 17 de enero de 2013, mismo que la Primera Sala de la Suprema Corte deberá resolver de forma definitiva.
Este amparo del ex operador de El Chapo Guzmán en Ciudad Juárez impugna la constitucionalidad de dos artículos de la Ley de Extradición Internacional y de dos preceptos del Tratado de Extradición firmado por México y Estados Unidos en 1968, así como los términos en que la Cancillería emitió el acuerdo para ser puesto a disposición de una Corte Federal del Distrito Oeste de Texas.
La protección de la justicia se le negó a Torres Marrufo, primero por un juez federal y posteriormente por un Tribunal Colegiado en lo referente a las leyes, pero se le concedió para reponer el procedimiento en el caso del acuerdo que concedía su extradición, puesto que la Cancillería no pudo acreditar que el presunto narcotraficante no será condenado a la pena capital, debido a que cinco de los 14 cargos que enfrenta en El Paso, Texas, son por homicidio o conspiración para cometer homicidio.
La defensa del capo y la SRE impugnaron la sentencia dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México, por lo que el caso fue turnado a la SCJN para que los ministros revisen el asunto y emitan una resolución definitiva.
A propuesta del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, la Primera Sala de la Corte deberá votar un proyecto en el que se valida la constitucionalidad de las leyes aplicables al ex subordinado de Joaquín El Chapo Guzmán en materia de extradición.
El argumento de la sentencia es que “el artículo 8 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos no pone en peligro la vida del inculpado, puesto que existen normas claras en el sentido de que la pena de muerte no se le puede aplicar a ciudadanos mexicanos que son enviados a esa nación para ser juzgados por tribunales de ese país”.
Se desecha también el planteamiento de que esa norma provoque incertidumbre jurídica al no exigir que las cortes de Distrito de Estados Unidos y de las fiscalías de ese país sean las que emitan el compromiso de que una persona no será condenada a la pena de muerte si es extraditada, por considerar que las notas diplomáticas cumplen con dicha función a nombre del gobierno solicitante.
Se desechan los argumentos de que los artículos 29 y 30 de la Ley de Extradición Internacional, así como 8 y 11 del Tratado de Extradición no otorgan derecho de audiencia a los reclamados por un país extranjero.
Si tres de los cinco ministros pertenecientes a la Primera Sala votan a favor de la sentencia, José Antonio Torres Marrufo podrá ser entregado a Estados Unidos para quedar a disposición de las autoridades judiciales de Texas en la misma Corte que solicitó la extradición de El Chapo Guzmán Loera, su antiguo jefe.
