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La polémica desatada por el contenido del tercer peritaje que se realizó para esclarecer el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa abona a la mala imagen de México en materia de derechos humanos y evidencia que el sistema de justicia y seguridad no es capaz de resolver estos temas tan graves, coinciden expertos, que proponen incluso crear una comisión especial de la sociedad civil que dé seguimiento a la investigación.
“México queda muy mal porque demuestra que no madura en el tema de los derechos humanos, al pedir que vengan especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al final no estar de acuerdo con sus conclusiones, pero también porque la situación sigue sin resolverse, ahora hay más versiones que no nos ayudan a saber qué pasó”, señala Pía Taracena, especialista de la Universidad Iberoamericana.
Martín Íñiguez, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala que en realidad la polémica “es más política que técnica”, puesto que al gobierno mexicano le ha incomodado lo que los expertos enviados por la CIDH han señalado, al refutar “la verdad histórica” planteada por la PGR.
“El problema de trasfondo son las declaraciones que ha hecho el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y que al gobierno mexicano le han incomodado porque han dicho que la verdad histórica no es cierta, así como la posición que ha tenido Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH”, expone.
Dice que será positivo conocer qué opina la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en esta situación, con el precedente de la negativa a la visita a los relatores sobre tortura y en especial sobre los defensores de derechos humanos.
“Esto habla de la posición que el gobierno mexicano tiene en el tema de derechos humanos. Hoy podemos afirmar que México no está abierto al escrutinio internacional, porque solicita la entrada de los especialistas pero rechaza sus conclusiones y luego busca un tercer peritaje para confirmar la versión gubernamental”, comentó.
Para Taracena ha habido avances en la apertura del escrutinio internacional, pero advierte que al desacreditar el trabajo del GIEI se da un paso atrás. “La imagen internacional se deteriora porque un país que demuestra que es incapaz de dar seguridad y hacer justicia y saber qué pasa con casos extremos de violencia como éstos no se vuelve efectivo para nadie, porque las inversiones necesitan seguridad y nada de corrupción”, comentó.
Roberto Gutiérrez López, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), señala que la tensión política que ha generado el caso de Iguala posiciona a México en una situación alarmante a nivel internacional. “Hay una gran tensión política en el país y han complicado la posición de México en el contexto internacional; hay un desencuentro de raíces profundas por la falta de credibilidad que tuvo desde sus orígenes la llamada verdad histórica”, indica.
“Para evitar ese tipo de confrontaciones y que se enfoquen en la investigación para dar certeza y confianza, porque ese era el espíritu del grupo colegiado, hay que volver a generar un acuerdo para ver de qué manera se salva. Hay que tener testigos de calidad en una comisión alterna con personas de la sociedad civil y académicos que puedan avalar la forma en que se transmiten los resultados y lo que se informe”, propone.
El académico Juan Reyes del Campillo considera que “la imagen de México está afectada a nivel internacional, pero no sólo es por el caso de los normalistas, es por toda la violencia que se vive y por las violaciones a los derechos humanos. México tiene la marca de que no se respetan las garantías y esta polémica por el tercer peritaje es reflejo del grave problema que existe”.
