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El gobierno de México ha cumplido con 84% de las medidas cautelares que le solicitó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno a la investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ocurrida el 26 de septiembre de 2014.
En el informe periódico que presentó el gobierno mexicano al organismo, la Procuraduría General de la República (PGR) detalla que de las 941 peticiones que formuló el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se cumplieron 84%; 13% están por completarse y 3% están pendientes.
Las medidas cautelares requeridas por la CIDH al Estado mexicano fueron adoptar las acciones necesarias para determinar la situación y el paradero de los 43 normalistas, con el propósito de proteger sus derechos a la vida y a la integridad personal.
Hacer lo necesario para proteger la vida e integridad personal de los estudiantes heridos durante el ataque a los normalistas entre los días 26 y 27 de septiembre de 2014.
Concretar las medidas a adoptar con los beneficiarios y sus representantes, así como informar sobre las acciones implementadas a fin de investigar los hechos ocurridos en el municipio de Iguala, Guerrero.
El documento —con fecha del 20 de abril y al que tuvo acceso EL UNIVERSAL— sobre el cumplimiento de estas disposiciones destaca, por ejemplo, que la PGR está tras la pista de 45 personas prófugas de la justicia, contra quienes existen órdenes de aprehensión por su presunta relación con la desaparición de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Guerrero.
Indica que de las 168 personas consignadas por el delito de delincuencia organizada por la desaparición de los estudiantes, están detenidas 123.
Aunque para la investigación es fundamental la captura de esos prófugos, la PGR asegura que con las detenciones de 54 policías municipales de Iguala, 19 de Cocula y 50 integrantes de Guerreros Unidos, esa organización criminal está desmantelada.
Desde que la PGR tomó conocimiento del caso, junto con la Policía Federal y las secretarías de la Defensa Nacional y Marina-Armada de México se han efectuado 755 acciones de búsqueda para dar con el paradero de los 43 normalistas y seguir las líneas de investigación, entre ellas la hipótesis central de que fueron incinerados en el basurero del municipio de Cocula por integrantes del grupo criminal que controlaba la zona.
A lo largo de la investigación, que aún no concluye, se han realizado tres reconstrucciones de los hechos con los probables responsables que hoy están en distintos penales federales, se recabaron 850 declaraciones ministeriales y se efectuaron, hasta la fecha del informe, mil 651 intervenciones periciales.
Entre algunos puntos relevantes, el informe indica que el pasado 7 de enero, en San Luis Potosí, se recabó la declaración de un mando, un ex policía federal que estuvo comisionado en Iguala en las fechas en que ocurrió el ataque a los normalistas.
Decomisos. Como parte de las diligencias de este caso, que obra en el expediente PGR/SDHPDSC/OI/2015, se detalla que 20 lugares fueron cateados, entre ellos un domicilio en el que fueron encontradas 16 armas largas, siete cortas y más de 53 mil cartuchos, entre otras cosas.
El 8 de junio de 2015 se giró oficio con el apoyo del GIEI para gestionar la comparecencia de 20 estudiantes normalistas para ampliar las líneas de investigación.
Entre los días 25 y 26 de junio de 2015 el GIEI tuvo acceso a la casa de seguridad donde habrían llevado a un grupo de normalistas, como lo declararon algunos detenidos de Guerreros Unidos, así como a la comandancia de Iguala y al basurero de Cocula.
Asimismo, entre diciembre del año pasado y enero de 2016 los integrantes del GIEI estuvieron presentes en cuatro operativos de búsqueda de los normalistas, en los que participaron la Policía Federal, Ejército y Marina. El primero fue en Pueblo Viejo, Iguala; el segundo en Cuetzala del Progreso, el tercero en Cocula y otro más en Iguala.
La PGR informó a la CIDH que compareció ante el Agente del Ministerio Público de la Federación el chofer del sexto autobús que refirió el GIEI y que se desprende de la investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); además de obtener información extraída de 98 celulares que están en el expediente.
El documento de 44 cuartillas señala que fueron recolectadas 135 muestras de ADN de los familiares de los 43 estudiantes normalistas.
Cabe destacar que de las 63 mil muestras de fragmentos de huesos, ropa y cabello que recolectó la Procuraduría General de la República (PGR) en el río y en el basurero del municipio de Cocula —donde presuntamente fueron quemados los normalistas—, sólo 0.12% fueron útiles para enviarlas al Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck, en Austria.
Por último, la dependencia indicó que obtuvo 214 autos de formal prisión que se dividen en 68 por el secuestro de los normalistas, 103 por delincuencia organizada, 11 contra la salud, tres por cohecho, dos por desaparición forzada, dos por secuestro, una por homicidio, 16 por portación de arma de uso exclusivo, seis por portación de arma de fuego sin licencia y dos por posesión de cartuchos.
