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Una juez federal notificó a la defensa de Joaquín El Chapo Guzmán que dio por cerrado el periodo para el desahogo de pruebas en uno de los juicios de extradición que enfrenta el capo, por lo que a partir de hoy comenzó a correr el plazo de 20 días hábiles para que la impartidora de justicia emita una opinión jurídica sobre la solicitud más reciente que formuló el gobierno de Estados Unidos.
El abogado Carlos Castillo informó que la juez Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México, Luz María Ortega Tlapa, les notificó la resolución el pasado martes en el proceso de extradición 8/2015, por lo que ahora esperarán a que la resuelva en “conciencia y a profundidad” si la petición del gobierno de Estados Unidos cumple o no con los requisitos mínimos que marca la Ley de Extradición Internacional.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Castillo recordó que la resolución de la juzgadora federal es sólo un paso más en el procedimiento que prevé la ley, y advirtió que la extradición de Guzmán Loera podría demorar de uno a tres años, de acuerdo con su propia experiencia como litigante y dependiendo de que la defensa agote todos los recursos legales a su alcance para evitar que El Chapo sea puesto a disposición de la justicia estadounidense.
El defensor del capo explicó que la opinión jurídica de la juez Luz María Ortega no es coercitiva ni vinculante, por lo que independientemente de lo que resuelva la impartidora de justicia, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tiene libertad para conceder o rehusar la extradición de Guzmán Loera en un plazo de 20 días.
De acuerdo con el artículo 30 de la Ley Internacional de Extradición, el término legal empieza a correr hasta que el Juzgado de Distrito remite todo el expediente del caso a la Cancillería, dependencia que ha adelantado su postura a favor de extraditar al que fue considerado por las autoridades como el líder del Cártel de Sinaloa. La titular de la PGR, Arely Gómez, también ha manifestado su postura a favor de enviar a Guzmán Loera a Estados Unidos.
El abogado Carlos Castillo advirtió que en el hipotético caso de que la SRE avale la extradición de su cliente y una vez que se les haya notificado de dicha resolución, la defensa cuenta con un plazo de 15 días para interponer un nuevo juicio de amparo que impugne ese acuerdo administrativo.
El juicio de amparo sobre la eventual extradición del capo se resolvería en un plazo máximo de tres meses, pero si la defensa de El Chapo se vuelve a inconformar con el fallo de primera instancia, puede presentar un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado.
Los tribunales colegiados cuentan con un plazo mínimo de seis meses para confirmar el fallo del juez de amparo o para revocar su sentencia, periodo que sumado a los tres meses del juicio de amparo extendería el procedimiento de extradición a por lo menos un año.
Castillo declaró que si hay un fallo adverso a su cliente por parte del tribunal federal, la defensa aún puede recurrir esa resolución ante la Suprema Corte, argumentando que la norma aplicada a El Chapo podría ser violatoria de la Constitución.
Explicó que en el proceso de extradición y radicado en el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México, todavía no se ha cerrado el periodo de desahogo de pruebas.
