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La diputada del PRD, Maricela Contreras Julián, propuso a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, solicitar a la Secretaría de Gobernación (Segob), hacer públicos los instrumentos y mecanismos mediante los cuales operan el Programa Integral Frontera Sur (PIFS), que atiende el fenómeno migratorio, el cual hasta el momento “ha dado resultados negativos y las violaciones a derechos humanos”.
Refirió que el informe “Un camino incierto. Justicia para delitos y violaciones a los derechos humanos contra personas migrantes y refugiados en México”, revela que desde la entrada en vigor del programa, el número de operativos y verificación migratoria se incrementó de manera significativa en 73%, entre 2013 y 2014, al pasar de 16 mil 182 a 27 mil 992.
Mientras que el reporte “Migrantes invisibles, violencia tangible”, realizado por la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes, señala que con el Programa Frontera Sur, se incremento el número de deportaciones; es decir, de 77 mil 395 migrantes centroamericanos deportados en el 2013, pasaron en el 2014, a un total de 107 mil 199, entre guatemaltecos, hondureños y salvadoreños.
Contreras Julián resaltó que su punto de acuerdo ya se analiza en la Comisión de Gobernación de la Cámara Baja, y en el cual se destaca que los principales delitos y violaciones a derechos humanos cometidos por autoridades mexicanas en contra de migrantes centroamericanos, están vinculados con robo o ataques a los derechos de propiedad privada en un 76%, violaciones a la integridad física con 17% y a la libertad personal 7%.
Asimismo, indicó que las instituciones que cometieron más violaciones, principalmente a la propiedad privada de los migrantes, son: Policía Federal (41%), policía municipal (24%), grupo policiaco indeterminado (14%), policía estatal (12%), agentes del Instituto Nacional de Migración (6 %), Ejército (1 %) y entre policía judicial, Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial y la Marina, concentran el 2 % restante.
ovs
